Las diversas medidas adoptadas por el presidente Trump respecto a los migrantes, iniciadas durante su primer período y ampliadas en este segundo: deportaciones masivas, auto deportaciones, militarización de las fronteras terrestres, eliminación del TPS para ciertas nacionalidades, declaratoria de emergencia nacional en la frontera con México, están impactando aún más con la aprobación por parte de la Cámara de Representantes, del impuesto del 3.5% a las remesas enviadas por los millones de migrantes viviendo en Estados Unidos, provocan diversas consecuencias.
Si el Senado ratifica lo votado por la Cámara Baja, para Honduras, el efecto es triple: económico, por la disminución en los montos de remesas enviadas; en lo emocional, por el desarraigo y la incertidumbre del retorno, que generan angustia entre los deportados, y en lo social y político, porque no se pueden descartar incrementos en la polarización y en el incremento de la delincuencia.
El conjunto de decisiones migratorias de la actual administración republicana, no toman en cuenta, de acuerdo a la politóloga Amy Poe, director de la International Organization for Migration, tres realidades: las necesidades humanitarias, las tendencias demográficas y las demandas del mercado laboral estadounidense, que registra un déficit de mano de obra.
Ella propone que las naciones del Primer Mundo establezcan cuotas en el otorgamiento de visas, de acuerdo a sus necesidades de trabajadores extranjeros, lo que garantizaría el movimiento de personas de manera “ordenada, dignificada y ventajosa para todas las partes involucradas”.
Honduras no puede continuar indefinidamente dependiendo del envío de remesas, debe desde ahora buscar alternativas tales como fortalecer el sector exportador, generar empleo masivo mediante obras públicas.
En tal empeño, también la empresa privada juega un papel igualmente importante y complementario del estatal, en acciones coordinadas entre ambos sectores.
