En febrero de 2024, las autoridades hondureñas presentaron como parte de sus esfuerzos por fortalecer la seguridad y promover un ambiente escolar seguro para todos los estudiantes, la Policía Escolar.
Dijeron, entonces, que era una iniciativa que nacía con el objetivo de “salvaguardar el bienestar de los estudiantes, maestros y personal escolar en nuestras instituciones educativas” y que era un programa que “busca fomentar la prevención del delito, la seguridad en el campus y la promoción de una cultura de respeto y colaboración”.
Pero más allá de los actos oficiales de lanzamiento en varios centros escolares, la medida no se concretó y la comunidad estudiantil sigue estando expuesta a las bandas delincuenciales, de narcotráfico, maras y pandillas, extorsionadores, que acechan día a día a los estudiantes en sus propios centros educativos, o a inmediaciones de estos, con el propósito de unirlos, en la mayoría de los casos de forma obligatoria, a sus estructuras.
Las escuelas, desgraciadamente, han dejado de ser espacios seguros para aprender y se han convertido en lugares donde las agresiones y el acoso imperan entre los mismos estudiantes.
Y así se refleja en los resultados de una investigación del Instituto de Investigación y Evaluación Educativa y Social (Iniees) de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), según la cual las amenazas, las agresiones a estudiantes y docentes van en aumento en el país.
“El 40% de los directores de los centros educativos de las áreas urbanas manifestaron que hay delincuentes y presencia de maras y pandillas en los alrededores de sus centros”.
Las estadísticas de estos estudios parecen que no son conocidos por las autoridades de la Policía Nacional, que no han dado explicaciones del por qué el cacareado programa todavía no ha sido implementado.
Ante tal indiferencia, los docentes dicen que solo les queda clamar por “un poquito” de seguridad para sus comunidades.
