se es el llamado que muchos hacen en estos momentos de alta conflictividad social y política a los diputados del Congreso Nacional en lo relacionado con la entrada en vigor, el próximo 10 de noviembre, del
nuevo Código Penal.
Los congresistas no pueden desconocer que la legislación ha generado preocupación entre la ciudadanía, ya que se ha comprobado que el nuevo instrumento, si bien crea nuevas figuras delictivas, disminuye las penas de delitos contra la administración pública y de alto impacto, como el lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude, secuestro.
Los expertos han advertido que la nueva normativa generará impunidad y evitará que personas que se apropien de bienes públicos y recursos del Estado pisen la cárcel.
Incluso, quienes han señalado que quienes ya han comenzado a ser juzgados y señalados por ese tipo de delitos, incluidas famosas figuras políticas del patio, estarían viéndose beneficiados con la nueva legislación.
Los diputados no pueden hacer oídos sordos frente a las demandas populares, a las que se han sumado los empresarios, la Iglesia Católica y más de 7,000 personas que han firmado una iniciativa ciudadana contra la
vigencia del Código.
Honduras está harta de la impunidad que reina y ha reinado históricamente contra quienes han hecho fiesta con los bienes públicos y se han hecho ricos con la comisión de delitos como el narcotráfico, sin que haya autoridad que obre en contra de ellos .
Es tiempo que se actúe en consonancia con las aspiraciones de un pueblo que clama justicia y un alto a la corrupción pública y a la impunidad con la que han actuado muchos de los miembros de la clase política que han accedido al poder.
No permitir que el nuevo Código se convierta en un instrumento de impunidad en una sociedad que está ávida de justicia
es su responsabilidad