Las cifras son aterradoras. Al menos 3,834 mujeres denunciaron, en los últimos 8 años (2026-2023), estar en riesgo o ser víctima de desplazamiento forzado al ser objeto de amenazas, asesinato de miembros de su familia, atentados y extorsiones, reveló el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
La información que revela no es nueva y ha estado a la mano de las autoridades competentes, las que, con el paso del tiempo, es muy poco lo que han hecho para proteger a las víctimas de estas amenazas y atacar las causas que impulsan cada uno de los delitos que ponen en peligro la vida de los denunciantes y sus familias.
Las estadísticas por violencia doméstica, intrafamiliar, sexual y femicidios es una prueba irrefutable de un sistema de convivencia marcado por el maltrato, hostigamiento, discriminación y la privación de la vida en contra de las mujeres, dijo, con toda razón, la titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, quien advirtió, además, que las mujeres víctimas de la violencia se encuentran, muchas veces, en un callejón sin salida debido a que los esfuerzos del Estado en materia de seguridad y justicia no son suficientes para prevenir y erradicar la discriminación y la violencia en contra de ellas.
La verdad es que estos temas que debatimos con intensidad en los días cercanos o posteriores a la conmemoración de significativas fechas como el Día Internacional de la Mujer deberían de estar sobre la mesa y en la agenda diaria de las autoridades gubernamentales, porque la indiferencia a los mismos solo incrementa los grados de impunidad de quienes cometen delitos en contra de las féminas, al tiempo que elevan el grado de inseguridad en la que viven las mujeres y las niñas en nuestra patria.
El camino para alcanzar una sociedad libre de todo tipo de violencias contra las mujeres sigue siendo largo, por lo que se debe andar todos los días en pos de las metas propuestas.
