El trabajo de la Junta Nominadora (JN) de al menos 45 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia ha entrado en su recta final y la percepción popular es que arrecian las presiones para que en la lista final se incluya a candidatos que no han logrado avanzar en el proceso.
Incluso, algunos de los excluidos no se han quedado callados y han salido a acusar a los miembros de la Junta Nominadora de actuar de manera “arbitraria, injusta y por sesgos políticos y gremiales”, tal cual lo dijo a periodistas uno de los postulantes que no superó la etapa de tachas y denuncias.
“Es comprensible las molestias de distintos sectores de la ciudadanía, en especial de algunos medios de comunicación, postulantes excluidos y denunciantes, por las resoluciones donde se deniega o se concede las diversas tachas y denuncias presentadas”, ha escrito al Junta Nominadora en su cuenta de Twitter.
Lo cierto es que el trabajo de la JN -al margen de tales acusaciones- ha sido bien valorada por la ciudadanía que sigue de cerca el proceso y que, confía, concluirán su trabajo con la propuesta de los candidatos idóneos para integrar una Corte Suprema Justicia imparcial e independiente, que trabaje por el fortalecimiento del sistema de justicia, que no responda a intereses de grupos particulares o políticos sino a los de un pueblo sediento de un sistema judicial que no solo muerda a los descalzos.
Para ello es prioritario que se deje a la Junta Nominadora realizar su trabajo, en este último tramo, sin presiones de ninguna clase.
Los diputados -con la lista en sus manos- tendrán que hacer su parte, valorando el trabajo realizado por la JN, eligiendo a los que consideren más idóneos y, principalmente, desoyendo las voces de quienes pretenden cambiar a última hora las reglas del juego, como se denuncia desde algunos sectores políticos.
