El Congreso Nacional debe decidir esta semana si extiende el periodo de vacatio legis del nuevo Código Penal, denominado por diferentes sectores de la sociedad como el “código de la impunidad”.
En el decreto número 130-17, que contiene la publicación del nuevo y cuestionado instrumento jurídico, se estableció que este debería ser aplicable a partir del próximo
10 de noviembre.
Por el bien de la nación, diversas organizaciones de la sociedad civil, gremios profesionales, grupos estudiantiles, organismos empresariales e iglesias llamaron a los diputados a abrogar tal ley, mientras que otros exigen una reforma completa antes de que entre en vigor.
Hay que esperar que en el último mes, del cual solo laboraron cinco días, los congresistas hayan tenido el tiempo suficiente para pensar con la cabeza fría en las voces de protesta que ha levantado la nueva legislación, así como en las demandas para que no entre en vigencia en la fecha prevista.
Que en ese tiempo los diputados hayan tenido la oportunidad de reflexionar que la justicia no debe ser nunca aliada de los delincuentes, corruptos y criminales, en ninguna de sus formas, entendiendo que la lucha contra estas amenazas es clave para tener una sociedad justa y equitativa.
Todos esperamos que los representantes del pueblo en el Legislativo actúen con responsabilidad, pensando en el bienestar de los hondureños y hondureñas que les favorecieron con el voto, confiados de que irían al Congreso Nacional a legislar en favor de todos y no de unos pocos que delinquen.
Para fortalecer la democracia y la convivencia armónica, los hondureños demandan un fuerte castigo a todo tipo de delitos, especialmente a los relacionados con la corrupción y el narcotráfico que le han hecho un enorme daño a la sociedad hondureña. Así que esta semana será crucial entre los que luchan por la justicia y los que quieren imponer la impunidad.
