Los diputados hondureños fueron protagonistas de otro hecho vergonzoso, ejecutado en el marco de la llamada “insurrección legislativa” que impulsan los representantes del partido Libertad y Refundación (Libre).
La protesta fue llevada esta vez hasta la ciudad de Gracias, Lempira, donde ayer se realizaba la sesión ordinaria del Congreso Nacional y a la que los diputados de Libre llegaron con sus pitoretas, y los oficialistas con un fuerte dispositivo de seguridad para hacer valer su autoridad.
Las posiciones de ambos grupos se mantuvieron inalterables: unos exigiendo el nombramiento de sus representantes ante los nuevos organismos electorales, y los otros, diciendo que lo primero es la aprobación de las leyes y el posterior nombramiento de
sus representantes.
Lo sucedido evidenció el poco respeto que los congresistas de ambos bandos tienen a la investidura que el pueblo les otorgó a través del voto, y la escasa o nula capacidad de resolver las divergencias mediante el diálogo.
No hay justificación válida al grotesco espectáculo del que fueron protagonistas.
Es por eso que todos ellos, responsables de la crisis política que arrastra el país desde hace varios años, están obligados a replantearse su actuar, y centrarse en la discusión del marco jurídico que debe regir el próximo proceso electoral.
El tiempo se acorta para conocer, discutir y aprobar esas reformas. No hacerlo expondría al país a una nueva y más
profunda crisis.
Por eso, urge que las cúpulas de los partidos políticos y sus representantes en el Congreso Nacional reflexionen y -por el bien de ese pueblo que dicen representar- depongan sus intereses personales y busquen los consensos que el país demanda para sentar las bases del desarrollo económico y social que le permita atender las necesidades básicas de la mayoría de su población, que se debate entre la pobreza y la miseria.
