La calamidad de la falta de oportunidades laborales que ha perseguido a los hondureños y hondureñas durante décadas ha sido asfixiante, pero en esta administración el desempleo es grave y creciente.
La brecha laboral va ampliándose con la existencia de un número cada vez mayor de personas desocupadas, y hasta el momento el gobierno del socialismo extraviado no dispone de una política correcta para resolver este gravísimo flagelo, donde más de 2.3 millones de hondureños tienen problemas de empleo, incluyendo subocupación, desalentados y potencialmente activos, de acuerdo con las fuentes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). Hasta el momento, el Instituto Nacional de Estadística (INE) no ha explicado oficialmente la causa de la reducción en la fuerza de trabajo.
La escandalosa cifra de desesperación laboral llega hasta las alarmas de la coordinadora residente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Honduras, Alice Shackelford, quien señala que uno de los grandes desafíos que enfrenta el país es el elevado nivel de pobreza, exacerbado por la desigualdad y la falta de empleo.
“Hay una concentración de personas que controlan los recursos, mientras que la mayoría carece de ellos; esto no solo ocurre en la región, sino también a nivel mundial, pero es particularmente preocupante en Honduras”, afirmó.
Y es que es una vergüenza nacional el desempleo en las democracias contemporáneas, lo que es un indicativo del fracaso gubernamental. La incapacidad de una administración dizque social para proporcionar empleo a los jóvenes no solo refleja una crisis económica, sino también una crisis ideológica y de valores socialistas. Este gobierno familiar de la clase dominante permea las estructuras sociales y de las finanzas públicas, creando un sistema donde el desempleo no es un accidente, sino una consecuencia inevitable de las dinámicas de poder.
El desempleo es un síntoma de la alienación y la marginalización en una sociedad que valora más la acumulación de capital que el bienestar de sus ciudadanos. En democracias donde la política dicta las oportunidades de trabajo, los jóvenes a menudo se encuentran atrapados en un ciclo de opciones precarias o desempleo total, lo que a su vez afecta su capacidad para participar plenamente en los procesos del país. Esto plantea preguntas sobre la salud de la democracia misma, si millones de jóvenes de la próxima generación se ven privados de alternativas económicas.
Este es el momento de una reflexión crítica sobre las estructuras que perpetúan la desigualdad y el desempleo, exigimos una revisión de las políticas económicas y laborales que priorizan a las personas sobre los beneficios.
En el contexto democrático, es un llamado a la acción para la presidenta Castro, para que reconozca y aborde las deficiencias inherentes a un sistema que falla en servir a todos sus ciudadanos, especialmente a los jóvenes en situación de desesperación y angustia.
Esta crisis laboral no solo impacta en la economía, sino también en el tejido social, provocando una imparable migración e índices de violencia que empuja a individuos y familias enteras a buscar un futuro mejor en otros países, lo que genera tensiones culturales, económicas y políticas para siempre.
Es esencial que el gobierno, las organizaciones internacionales y la sociedad civil trabajen juntos para crear estrategias integrales que aborden las causas fundamentales del desempleo y sus efectos colaterales. La educación, la inversión en tecnología y la innovación son claves para generar oportunidades de trabajo y para adaptar la fuerza laboral a las demandas del mercado globalizado.
El trabajo es un derecho, y cuando no se cumple es una vergüenza, que por los ejes del poder ustedes no la pasan, sino la democracia que ya no encuentra dónde esconderse de semejantes representantes.
