La Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) es la promesa más monopolizada de la reciente historia política de este país. La vendieron como una baratija de feria en la campaña de la presidenta Xiomara Castro y juró que la cumpliría cuando asumió el poder aquel 27 de enero de 2022.
Desde entonces es un ir y venir de papeleos, excusas, protocolos, ceremonias, burocracias y evasivas románticas para dilatar esa “misión imposible”, filmada bajo los reflectores de la impunidad y la corrupción, que parece dirigir esta película barata, pero que le sale carísima a Honduras.
La Organización de Naciones Unidas (ONU), seria en estos menesteres, ha planteado que el mecanismo internacional contra la corrupción entrará en vigor cuando ese acuerdo esté vigente, haya un convenio por escrito sobre las garantías legales mínimas y los requisitos para el funcionamiento de la Comisión y un órgano intergubernamental de Naciones Unidas haya otorgado el mandato correspondiente.
Además, la dirección de la Comisión será designada por el secretario general de la ONU para avalar su autonomía, imparcialidad y establecer políticas orientadas a garantizar la independencia entre los poderes del Estado e identificar en conjunto las reformas administrativas legales y constitucionales para combatir la corrupción; ese es el ideal de las Naciones Unidas.
Mientras tanto, la función del simulacro sigue en Honduras, cuando en la sesión del martes el Congreso Nacional pretendió elevar el rango constitucional a la CICIH, de algo que no existe porque no se ha firmado ningún convenio con la ONU.
Pues en ese circo de maniobras los votos fueron insuficientes y desde el oficialismo culparon al Partido Nacional de abstenerse, porque es parte de la corrupción, pero también el partido en el poder... y entre corruptos los secretos son los sagrados vínculos de la simulación y el cinismo, pactados desde las cúpulas para alargar la agonía de las promesas electorales.
Y es que las masas se mueven por la ilusión, no por las verdades, y eso en política es clave para mantener el espejismo de una justicia que nunca ha de llegar a este pueblo saqueado y derrotado perpetuamente.
Y es así como se tiran la pelota de culpas entre todos los partidos políticos, para atribuir los fracasos habidos y por haber en la miserable espera de un país que nunca ha tenido justicia.
Y seguirá en esta nebulosa, porque la institucionalidad en Honduras es un botín de funcionarios públicos y políticos que aún tiene pendiente la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz propuesta por la otrora Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Ni en eso ni en lo otro hay acuerdo, no hay consensos ni voluntad política, no hay credibilidad ni confianza, y esos son pilares fundamentales de estos círculos.
Cuando los líderes electos no cumplen con las promesas que hacen, no solo se enfrentan a un error histórico, sino que pierden su autoridad y poder. Esta farsa no es nueva, pero sus implicaciones son cada vez más impúdicas en una era donde la información es accesible y la memoria colectiva se extiende entre la gente que está harta de la mentira.
Este incumplimiento es una riña moral con los valores centrales de la democracia, como la honestidad y la responsabilidad, erosionando así la base misma de todo el sistema político, creando impacto en la gobernabilidad que cada día es incapaz de responder eficazmente a los desafíos que enfrenta la sociedad, misma que hace mucho merece una política basada en la confianza y la transparencia.
La democracia, después de todo, se fortalece con la rendición de cuentas y no con migajas de promesas vencidas, lo que aumenta la opacidad entre las cortinas donde se disputan la CICIH, como si fuese un tribunal electoral que se reparte entre los que asisten al triste espectáculo de la corrupción
