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El negocio de la muerte

Cuando un Estado es fallido por una serie de variantes sociales, políticas y económicas se propaga la percepción del peligro, expandiendo sus tentáculos de redes de corrupción institucionalizada, que resta legitimidad al gobierno y un total desprestigio jurídico de Honduras, que ningún otro país hace eco de sus lamentos. Ni las órdenes de captura tienen validez para el resto del mundo.

Robar en Honduras es como andar de feria del timbo al tambo, sin ningún riesgo; es un paseo de placer que toman los que delinquen, tanto así que el empresario guatemalteco que vendió los hospitales móviles, Axel López, sigue burlándose de los hondureños al andar paseando en una exposición médica en Miami, como si nada hubiese pasado, como si los millones que se fueron a la bolsa de alguien no existieran en el plato de comida de los pobres, como si los miles de muertos por falta de atención inmediata no valieran ni un Twitter de los que publica este señor, exponiendo que «está orgulloso de la venta a Honduras, la cual fue exitosa».
Y en eso tiene razón, fue un «éxito» para los corruptos que acompañaron la estafa y nublaron la justicia hondureña de forma «directa y fraudulenta», en medio de una emergencia sanitaria, que la única mascarilla que usó fue para cubrirse los ojos y no tomar acciones contra Axel López, pese a que ya estaba ubicado con todas sus coordenadas desde que la fiscalía hondureña inició en 2020 una investigación por el fraude del que habría sido objeto el Estado por parte de Axel López, como representante de la empresa Elmed Medical Systems Inc., que proveyó los siete hospitales móviles, ordenados por el entonces director de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn, quien se encuentra bajo prisión preventiva por fraude y violación de los deberes de los funcionarios.

A su vez, Bográn enfrentará un juicio oral y público, pero aún no hay fecha establecida por un tribunal para dar inicio al proceso; y así como va la cosa, será para nunca sin falta o se espera un criterio de oportunidad e impunidad que dicte el nuevo Código Penal, mientras se oxidan las chatarras modulares que le costaron al pueblo 47 millones de dólares, es decir, casi 1,200 millones de lempiras, de los que unos USD 21 millones habrían quedado de ganancia al proveedor guatemalteco y sus encubridores que sí saben dónde está el dinero que cada día reclaman los ciudadanos.

El pedido a la Interpol debe ser enérgico para hacer efectiva la orden de captura contra el guatemalteco. Al final, es un prófugo de la justicia hondureña, de acuerdo al oficio JLPCNMC-J-40-2021 del 8 de abril pasado, dentro del que se ordenó la detención inmediata del acusado con domicilio registrado en Orlando, Florida.

La orden de captura emitida por un Tribunal en Tegucigalpa establece que, una vez capturado el sospechoso de los dos supuestos ilícitos de fraude, sea puesto a la orden de esa judicatura a fin de «hacerle saber los hechos que versan en su contra».

Es urgente y necesario que la sociedad hondureña se empodere de justicia y que sepa que hay un proceso penal, aunque es verdad que el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra Axel en abril de 2021; por supuesto, fraude en la venta de los sanatorios por un costo de más de mil millones de lempiras. Pero, desde entonces, no se ha movido ningún papel, más que las actas de defunción que las familias reclaman por sus muertos ante la falta de hospitalización.

Axel López, debería empezar a buscar otros negocios. Usted es emprendedor, así que vaya innovando en el sector mortuorio, ante los desmedidos gastos que genera una defunción. Venda ataúdes de cartón, acá el gobierno se los compraría como si fueran de metal inoxidable y le firmaría un contrato multimillonario de inmediato. Total, la justicia está muerta y el Estado también.