En las últimas semanas, con seguridad nos hemos conmocionado de los alarmantes casos de violencia en los centros educativos de nuestro país. El Ministerio de Educación junto con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) está impulsando, de forma preliminar, un programa en 65 escuelas para combatir este flagelo.
Deseo que esta loable iniciativa, junto con otras, llegue hasta las escuelas en las que la violencia dificulta de gran manera el proceso de enseñanza-aprendizaje.
En mi labor docente compruebo, una y otra vez, que la violencia escolar es imposible atajarla de forma parcial sin involucrar a todos los actores de la comunidad educativa. No se trata solamente de atender a los jóvenes más vulnerables, sino también a sus familias, los docentes y a las autoridades escolares.
Intentar atajar este problema sin el compromiso y la competencia de alguna de las partes es condenarse a dar golpes al aire sin eficacia alguna.
Las problemáticas de violencia en el entorno escolar casi siempre se deben a una minoría que es necesario atender. Hablo aquí de una labor de reorientar actitudes y modificación de conductas mediante una asistencia profesional.
Sobre todo se debe trabajar en la prevención de situaciones conflictivas. Involucrar de forma creativa a los padres, docentes y estudiantes no solo para atajar la violencia externa. Se trata de convertir los espacios educativos en fuentes de paz y de sana convivencia.
Las escuelas pueden entonces cumplir su función socializadora y asumir el papel de constructoras de sociedad.
Un primer paso de este proceso consiste en brindar de forma urgente la protección y seguridad debida a los centros educativos.
El gobierno y las autoridades juegan un papel importante, pero no exclusivo, en esta labor. Ante la injerencia de maras y grupos que pretenden apropiarse de las escuelas, el Ministerio de Educación, junto con la Policía, deben retomar la gobernabilidad de estos espacios. Para esto es necesario redefinir, de acuerdo con las circunstancias actuales, normas claras de convivencia que garanticen la paz y tranquilidad a los padres de familia.
La problemática de la violencia escolar muestra con urgencia la necesidad de una educación profunda y verdadera en valores. En los docentes hace falta actualizar la formación en competencias que garanticen en las escuelas fomentar valores como el respeto, la justicia, la solidaridad, la valoración de la dignidad de la persona, la tolerancia y el autodominio, solo por mencionar algunos.
Se trata de contrarrestar, desde dentro, lo que para muchos son las fuentes de violencia en la sociedad: una profunda desigualdad de oportunidades y la falta de justicia.
Es necesario estudiar a fondo la forma de potenciar los valores de la sana convivencia y el respeto desde los programas y contenidos, pero también hacer partícipes a los padres de familia de los elementos para educar a sus hijos en la formación del carácter y así ayudarles a enfrentar las presiones negativas del ambiente. Los medios de comunicación, que con frecuencia presentan modelos educativos inadecuados, o un entorno hostil que presenta a veces como única alternativa dejarse enrolar por maras o grupos delictivos.
La formación de las familias mediante las escuelas para padres y la formación actualizada de los docentes es mucho más importante que campañas dirigidas exclusivamente a los estudiantes. Cuidando el orden adecuado, se empleará de forma más eficaz los escasos recursos disponibles.
No se trata solo de hacer frente de forma reactiva, a la defensiva, a la creciente ola de violencia en los centros de enseñanza. Hace falta dirigir el proceso, con el compromiso de todos, para crear de forma propositiva una cultura de paz. Actuar con decisión y prontitud.
Están en juego, ni más ni menos, los bienes más preciados de nuestra sociedad, de los que depende nuestro futuro.
