Pese a todo lo que Polonia ha logrado desde la caída de la Cortina de Hierro, se ha resistido por largo tiempo a aceptar plenamente su pasado comunista: la opresión, el espionaje e incluso las matanzas. La sociedad prefirió olvidar, para progresar.
Así que pudiera llegar como una sorpresa que Polonia y muchos de sus vecinos en el centro y el oeste de Europa hayan decidido que este es el momento indicado para lidiar con los asuntos inconclusos. Repentinamente, hay una ola para enfrentar la verdad en la forma de acciones gubernamentales y exploraciones culturales, algunas en busca de cerrar el ciclo, otras en busca de venganza.
Un tribunal en Polonia consideró el mes pasado que los dirigentes comunistas detrás de la imposición de una ley marcial en diciembre de 1981 formaron parte de un “grupo criminal”. El presidente de Bulgaria está intentando purgar a embajadores que sirvieron como agentes de seguridad.
El gobierno macedonio está atareado a la caza de colaboradores, en tanto la nueva constitución de Hungría permite acciones legales en contra de excomunistas.
En Alemania, la canciller Ángela Merkel nominó como próximo presidente a un expastor y activista del oriente alemán, Joaquim Gauck, quien convirtió los archivos del Ministerio de Seguridad de Estado -mejor conocidos como la Stasi- en un archivo permanente.
“A fin de defendernos en el futuro en contra de otros regímenes totalitarios, tenemos que entender cómo funcionaron en el pasado, como una vacuna”, explicó Lukasz Kaminski, el presidente del Instituto Polaco de la Memoria Nacional.
A lo largo del centro y el oriente de Europa, al parecer ya terminó un consenso de silencio, mismo que nunca acalló todas las críticas y discusión pero sí amortiguó las voces que clamaban por un juicio largamente esperado.
La reconciliación con el pasado es un tema que ha pendido sobre la Europa poscomunista durante varias décadas. Sin embargo, esa experiencia tiene mayor resonancia mundial hoy día, sirviendo como punto de discusión a lo largo del mundo árabe donde revueltas populares han expulsado a dictadores que sirvieron por largo tiempo, haciendo que surjan preguntas igualmente incómodas sobre complicidad individual en regímenes autocráticos.
Las naciones árabes son obligadas a luchar con los mismos temas de culpabilidad y responsabilidad que Polonia y el resto de Europa oriental están empezando a remover. El tiempo hace que sea más fácil enfrentar el pasado, menos amenazador, pero no menos urgente de resolver. Sin embargo, la experiencia aquí sugiere que pudieran pasar varios años, quizá décadas, antes de que se pueda esperar que el mundo árabe vea hacia el interior.
El giro repentino hacia el pasado en Europa no solo está en el dominio de la política y la justicia. Ha habido juicios y veredictos, pero también dramas y documentales, filmes de suspenso e historias, todos en busca de cerrar un pasado que se niega a ser olvidado.
En Polonia, casi un millón de personas ha llenado salas de cine para ver “Jueves negro”, de Antoni Krauze, filme que explora un episodio de 1970 en cual tropas gubernamentales acribillaron a balazos a docenas de manifestantes en Gdynia y otras ciudades de la costa del Báltico de Polonia.
A Krauze le tomó cuatro décadas hacer el filme. Al principio, estaba nervioso por los censores comunistas y, después, frustrado por la apatía popular. La película fue un éxito el año pasado precisamente debido al inquietante tema que abordaba: manifestantes sin armas e inocentes transeúntes son baleados en las calles o golpeados sádicamente en estaciones de policía.
“Al comienzo de los años 90, la gente pensaba que no era correcto regresar a esos tiempos”, destacó Krauze, de 72 años de edad, mientras bebía un café en un bullicioso centro comercial de Varsovia.
Polonia está luchando con su pasado en varios frentes. Tras años de acciones legales, el tribunal que falló sobre los dirigentes comunistas de 1981, cuando se impuso la ley marcial, dictó tan solo una condena suspendida de dos años al ministro del Interior de la época, Czeslaw Kiszczak. El general Wojciech Jaruzelski, el exlíder comunista de Polonia que declaró la ley marcial, fue hallado incapaz por razones médicas para enfrentar juicio el año pasado.
En Bulgaria, el presidente que acaba de ser elegido prometió remover a embajadores y diplomáticos que trabajaron con el aparato de seguridad comunista, incluso al tiempo que se reveló hace poco que 11 de los 15 obispos de mayor rango del país eran exagentes; el plan del presidente ha enfrentado oposición en los tribunales.
En Macedonia, parte de la ex-Yugoslavia, la corte constitucional detuvo temporalmente planes del gobierno enfocados a expandir la búsqueda de exagentes y colaboradores, el mes pasado.
En Letonia este sábado, los electores rechazaron una propuesta enfocada a convertir el ruso en el segundo idioma oficial del país, poniendo de relieve las dificultades para aceptar la herencia soviética allá.
Durante las recientes manifestaciones en Rumania, pancartas y consignas de los manifestantes en Bucarest equipararon al cada vez más impopular y -con base en sus detractores- cada vez más autoritario presidente Traian Basescu con el depuesto dictador Nicolau Ceausescu.
Además, incluso en Albania, una de las naciones más pobres de Europa, el museo nacional abrió un nuevo pabellón centrado en los abusos del comunismo bajo el dictador Enver Hoxha.
Buscan negar constituciones comunistas
Por completo, impulsada a menudo por gobiernos de línea dura y dando impulso a acusaciones de ajustes de cuentas y oportunismo político.
En Alemania, agentes de los servicios de inteligencia nacional han estado observando a docenas de integrantes del Parlamento por el Partido de Izquierda, que incluye a elementos del gobernante Partido de Unidad Socialista de la ex Alemania Oriental. “El hecho que ellos aún estén haciendo esto con seriedad en el año 2012, realmente me desconcertó”, dijo Gregor Gysi, director del grupo parlamentario del Partido de Izquierda y uno de los políticos que está siendo observado. “Ellos siguen en los términos de la Guerra Fría”.
Cuando la nueva constitución de Hungría entró en vigor el 1 de enero, rechazó expresamente la validez de la constitución comunista, al tiempo que abrió la puerta a acciones legales en el futuro. “Negamos cualquier estatuto de limitaciones para los inhumanos crímenes cometidos en contra de la nación húngara y sus ciudadanos bajo las dictaduras nacional socialista y comunista”, se asienta en la constitución.
Con base en Istvan Rev, el director del Archivo Sociedad Abierta en Budapest, el sucesor del Partido Comunista regresó al poder con demasiada rapidez en 1994. “Ellos regresaron al poder demasiado pronto, apenas cuatro años después de los cambios, y no sintieron la necesidad de enfrentar con seriedad el pasado”, destacó Rev.
En la mayoría de los casos, estas revoluciones no fueron derrocamientos totales, sino transiciones de poder moderadas. Las autoridades comunistas se hicieron a un lado, pero con condiciones.
