El juicio contra Juan Orlando Hernández alcanza etapa crucial en Nueva York

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El juicio del expresidente Juan Orlando Hernández entrará en una etapa decisiva una vez que la Fiscalía de Nueva York culmine de presentar sus testigos.

Pero, ¿Qué se espera para esta semana?

Este lunes subirá al estrado nuevamente el expolicía Mario Guillermo Mejía Vargas, para seguir siendo interrogado por la defensa del expresidente.

En la primera etapa de su declaración el pasado viernes, Mejía Vargas confesó ante el jurado que estuvo implicado en el asesinato del “fiscal de oro” Orlan Arturo Chávez en 2013. Por este brutal asesinato pesa un requerimiento fiscal en su contra emitido por la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida. Manifestó además que conjuntamente con los exoficiales de la Policía, Mauricio Hernández Pineda y Juan Ávila Meza, se aliaron para darle seguridad a los cargamentos de droga con armas de la propia institución. A cambio recibían millonarios sobornos.

Mejía Vargas en 2009 estuvo implicado en un quite de 143 kilogramos de cocaína en Gracias a Dios. Manifestó que él y otros diez agentes policiales montaron un operativo a espaldas de sus jefes, que resultó ser falso; capturaron a varias personas, les decomisaron las armas y ellos robaron la droga. Pero fueron descubiertos y tuvieron que enfrentar un juicio en el que Mejía Vargas logró sostener ante un tribunal la mentira de que se trataba de un operativo real. Fue condenado, pero con influencias políticas fue liberado, recuperó su cargo y desde ese mismo día continuó involucrado en actividades relacionadas al tráfico de drogas.

Asumió el control de una oficina relacionada con los operativos policiales y desde ahí comenzó a divulgarle a los capos de la droga información sobre la ubicación de los operativos a lo largo de la franja atlántica del país.

Él mismo le daba seguridad armada a los cargamentos de la droga que eran trasladados en compartimentos falsos de volquetas desde Atlántida hasta Copán.

El exagente aseguró que él y Mauricio Hernández Pineda se aliaron con el narcotraficante Víctor Hugo Díaz Morales, alias “El Rojo”, quien fue un hombre muy cercano al exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández, a quién le pagaron millonarios sobornos presuntamente para financiar la campaña presidencial de Juan Orlando Hernández.

Una vez que culmine de testificar Mejía Vargas es muy probable que suba al estrado “El Rojo”, en condición de testigo de la Fiscalía.

“El Rojo” seguirá el mismo patrón de Devis Leonel Rivera Maradiaga y Fabio Lobo, quienes le manifestaron al jurado que pagaron sobornos a Hernández para su campaña presidencial.

En el juicio de “Tony” Hernández el testimonio de “El Rojo” fue clave porque evidenció que a cambio de pagos tenía acceso a información e investigaciones en curso de la Policía.

Afirmará que a lo largo de 15 años que estuvo implicado en el tráfico de las drogas envió más de 140,000 kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Además participó en el asesinato de 18 personas.

Se implicó en tráfico de drogas a finales de los 90 junto con Héctor Emilio Fernández Rosa, alias “Don H”, un capo de la droga condenado a cadena perpetua por la justicia de Estados Unidos.

“El Rojo” asegura que “Tony” Hernández le daba información de los retenes policiales e investigaciones relacionadas con el narcotráfico para evitar incautaciones de droga y arrestos, a cambio de pagos de 5,000 dólares. Luego, comenzó a transportar, distribuir y hasta a fabricar cocaína en sus propios laboratorios.

Pero el desfile de testigos de la Fiscalía continuará.

Los fiscales tienen previsto presentar como testigo este lunes a John Miller, un oficial de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), para identificar ejemplares de armas durante el juicio.

La defensa de Hernández Alvarado se opone a la demostración física de las armas y más bien sugiere que se identifiquen a partir de fotografías.

“No hay ninguna razón por la que el jurado necesite ver estas ayudas demostrativas en persona para comprender cómo funcionan. Sería como si el gobierno llevara ante el tribunal un contenedor lleno de cocaína sólo para mostrarle al jurado cómo son varias toneladas de cocaína. No hay absolutamente ningún propósito”, sostuvo la defensa en un escrito.

Indica que a pesar de la acusación “tampoco ha habido evidencia de que el señor Hernández haya usado personalmente alguna de estas armas para promover la conspiración”.

Los abogados del expresidente tendrán el derecho de presentar sus testigos una vez que la Fiscalía culmine con su presentación.

Raymond Colon, quien forma parte del equipo legal de Hernández, ha manifestado a lo largo del proceso que tiene listo al menos a diez testigos, entre ellos un “testigo estrella” para declarar a favor de Hernández.

Colon también ha expresado que el exmandatario tiene contemplado rendir su declaración ante el jurado.

Cuando culmine el desfile de testigos y presentación de pruebas, el juez Kevin Castel brindará las instrucciones al jurado y este se retirará a deliberar para dictar su fallo.

Entre los 16 integrantes del jurado se elegirá a un presidente, quien anunciará al juez si existe una sentencia condenatoria o absolutoria, la cual deberá ser asumida por unanimidad.

“Ningún miembro del jurado debe permitir que lo presionen o empujen a tomar una determinada decisión. Cada miembro del jurado debe considerar detenidamente las opiniones y las razones de los demás jurados y evitar tener una actitud obstinada para demostrar que está en lo cierto”, indican las reglas de EUA: Sugieren que el deber del jurado es escuchar atentamente al juez, a los testigos y a los abogados, deliberar con calma y de manera justa, y decidir inteligentemente y con justicia

En abril de 2022, el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (Fescco) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), ejecutó el aseguramiento e incautación de los bienes inmuebles, sociedades mercantiles y productos financieros a nombre del expresidente Juan Orlando Hernández.

El Ministerio Público informó en ese entonces que presentó solicitud ante el Juzgado de Letras de Privación del Dominio de Bienes de Origen Ilícito para el aseguramiento e incautación de 30 inmuebles distribuidos en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Lempira, ocho sociedades mercantiles, 16 vehículos y productos financieros.

Dos años después, la ex primera dama, Ana García, explicó a EL HERALDO que los bienes siguen incautados y esa situación “ha limitado la posibilidad” para acceder a recursos económicos.

El pasado 12 de febrero de 2024, la familia Hernández, incluso, publicó un comunicado donde desmentía las declaraciones del abogado Raúl Pineda, quien aseguró que el patrimonio del exmandatario era de unos tres mil millones de dólares, según dijeron a él investigadores del gobierno de Estados Unidos.

“Es absolutamente falso que los bienes adquiridos por nuestra familia en las últimas décadas sean parte de una ‘fortuna’”, dijo la familia en un amplio comunicado.

Estos bienes fueron obtenidos de forma legal por medio de “trabajo y esfuerzo”, así como también por medio de una herencia del padre de Juan Orlando Hernández, puntualizaron.

En entrevista con EL HERALDO, García lamentó que muchos bienes incautados fueron heredados: “el Hotel Posada de Don Juan es un hotel que tiene veinticinco años de funcionar y que es una propiedad que ha estado en la familia Hernández desde hace por lo menos setenta años”.

En el informe “La caída de un expresidente”, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) expuso cómo el presidente habría construido un imperio financiado por el narcotráfico y corrupción.

El documento de 49 páginas menciona que el expresidente registró propiedades y empresas junto a su esposa, Ana García, y sus hermanos y cuñados.

El documento mencionaba que algunas propiedades estaban ubicadas en Tegucigalpa, Lempira y Olancho. En total eran 109 bienes inmuebles, 11 empresas y 267 millones de lempiras en inversiones.