Fiscalía expondrá videos, audios, testimonios y narcolibretas en juicio de JOH

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Fiscalía estadounidense ya dejó entrever que posee una enorme carga probatoria para que la Corte del Distrito Sur de Nueva York condene al expresidente Juan Orlando Hernández, por haber utilizado el poder político y la institucionalidad hondureña en la conformación de una enorme maquinaria destinada al tráfico de drogas.

Con testigos, videos, audios y otras evidencias científicas, todavía no expuestas públicamente, los fiscales buscarán demostrarle al jurado, que Hernández fue un político corrupto, que accedió al poder y se mantuvo en él- desde el 2010, cuando se convirtió en presidente del Congreso Nacional, y sus ocho años en la presidencia de la república-, con dinero mal habido del narcotráfico.

Desde el año 2004, los agentes de la Oficina de Administración y Control de Drogas (DEA) vienen siguiendo los pasos a los hermanos Hernández -Juan Orlando, Hilda y Antonio Hernández (“Tony”), así como sus nexos- entre ellos políticos, militares, policías, empresarios, pandilleros y criminales, acumulando enormes cantidades de información.

El Departamento de Justicia estadounidense ya advirtió que con la extradición y juicio de Hernández enviará un mensaje a cualquier líder extranjero que llegue al poder con dinero de las drogas y que después encubra planes del narcotráfico, evite las extradiciones de traficantes, reciba sobornos y conforme su propio cartel usando las autoridades policiales y militares, así como los recursos de los contribuyentes para financiar sus operaciones de estupefacientes, como lo hizo el exmandatario hondureño, según las evidencias en poder de la Fiscalía.

En ese entonces, la administradora de la DEA Anne Milgram sostuvo que esa unidad de investigación irá por todos aquellos políticos extranjeros que reciban dinero de los barones de la droga para alcanzar el poder y que desde ahí armen una maquinaria violenta de narcotráfico, y dejen que la violencia y el crimen florezca en manos de los carteles. “Si creen que se pueden esconder detrás de su posición, se equivocan”, advirtió Milgram.

Seguidamente expresó: “Hernández ahora va a responder por sus actos corruptos y violentos. Vamos a ir incansablemente detrás de los que lavan dinero, trafican con drogas y amenazan la seguridad y el bienestar del pueblo estadounidense”.

El nueve de febrero reciente, el fiscal Damian Williams le envió un escrito clasificado al juez Kevin Castel, quien lleva el juicio contra el exmandatario, donde le exponen los movimientos del material que servirán para sustentar el caso.

En el documento se puede leer que entre las pruebas están los testimonios de testigos, las copias de libros de contabilidad decomisados a Magdaleno Meza (asesinado en la cárcel del máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara), audios entre cabecillas de las organizaciones criminales (maras y pandillas) y otras pruebas científicas.

La Fiscalía afirmó que tenía mil gigabyte de evidencia contra Hernández. Ana García, esposa del exmandatario, por su parte, ha dicho que es falso, que “no tienen pruebas ni están listos” para el proceso.

Sin embargo, la justicia norteamericana ha demostrado que va con todo contra el exmandatario hondureño. Es tal que la Fiscalía se da el lujo de llamar al estrado solamente a 12 de los 36 testigos que posee. O sea que pondrá a los más potentes, a los más versados en el hampa, entre ellos traficantes, criminales, así como participantes en la incautación de droga los Hernández.

El escrito presentando por Williams detalla que presentó versiones actualizadas de transcripciones, traducciones producidas previamente, cinco de los cuales correspondieron a cuatro llamadas interceptadas entre exjerarcas policiales y miembros de la MS-13.

En el numeral 4 del escrito el fiscal dice que el 7 de febrero de 2024 se presentaron 89 expedientes sobre el caso de Hernández, que incluyen 26 pruebas, notas e informes para los testigos del gobierno que fueron creados después del 7 de diciembre de 2023.

La producción también incluyó 58 transcripciones, traducciones de grabaciones, mensajes y documentos que fueron preparados por el experto lingüista del gobierno, así como una presentación en power point preparada por un perito. Igualmente dos fotocopias de libros de contabilidad de estupefacientes que se habían producido previamente en el descubrimiento y un informe de uno de los testigos que participó en una incautación de pruebas.

Asimismo, menciona “un instrumento público de acusación de un presunto cómplice en este caso para quien el gobierno tiene la intención de declaraciones ofrecer de co-conspirador bajo la Regla Federal de Prueba 801(d)(2)(E)”.

Dos días después, la Fiscalía presentó otros 17 expedientes más que incluyeron cinco archivos que consistieron en notas de propuesta e informes que se generaron en base a las reuniones celebradas con los testigos después del 7 de diciembre de 2023, también 11 borradores de transcripciones, traducciones de grabaciones y mensajes que fueron previamente presentados en descubrimiento y un expediente relacionado con un testigo para quien el gobierno tiene la intención de ofrecer declaraciones de cómplices.

En 2023, la Fiscalía también presentó evidencias sistematizadas sobre el caso, en donde se mencionaba “el testimonio sobre las declaraciones hechas por los acusados, exnarcotraficantes, políticos y miembros de la Policía Nacional de Honduras que fueron cómplices de los acusados es admisible de conformidad con las Reglas 801 (d) (2) (E), 804 (b) )(3), y/o 801(d)(2)(A), así como la evidencia de la participación de Juan Carlos Bonilla en un asesinato relacionado con drogas, prueba que es admisible como evidencia directa y de conformidad con la Regla 404(b)”.

Para ese entonces, el juicio iba a ser para Juan Orlando Hernández, Mauricio Hernández y el exjerarca policial, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, pero los dos últimos se declararon culpables de los delitos por los que se les acusaba. Ahora, ambos podrían ser testigos en el juicio contra Hernández.

Según el criminólogo Reynaldo Rubio, la Fiscalía norteamericana tiene suficiente prueba científica para que un jurado encuentre culpable a Hernández.

“No hay forma de que se salve. La justicia estadounidense no va a ir a la corte a improvisar, sabe que si pierde este caso va a quedar como una justicia débil, falta de credibilidad”, añadió.

De acuerdo con Rubio, la DEA tiene más de 15 años dando seguimiento a los narcotraficantes hondureños. Han invertido millones y millones de dólares en darles persecución y ahora no se van a exponer a perder un caso. Para ellos, Hernández es un delincuente, una insignia criminal con el que se va dar un mensaje para otros políticos que usan el poder para traficar drogas.

Como estudioso de la conducta de los mafiosos y criminales, Rubio definió a Hernández como un “criminal nato” que asume las consecuencias de sus hechos, no muestra nerviosismo, demuestra valor ante la opinión pública, ante la justicia.

“Aunque interiormente él pueda estar como todo delincuente, seguro de que está mintiendo, él siempre demuestra un perfil de tranquilidad y de certeza”, analizó.

Rubio es del criterio que Hernández no muestra arrepentimiento, aunque en su interior puede que lo tenga, pero “en sí, ante sus cómplices de su banda criminal, en este caso político, mareros policías y militares le demuestra que tiene carácter que asume las consecuencias, se enfrentará a un juicio y aceptará el resultado”.