TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Coalición Anticorrupción advirtió que con el anteproyecto de Ley Especial para la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), el Estado deja evidenciado que se inclinará por la instalación de un mecanismo de acompañamiento al Ministerio Público (MP) en la judicialización de casos de corrupción.
En el proyecto de Ley impulsado por la congresista Xiomara Zelaya no figuran enmiendas constitucionales, por lo que se aprobará con la venia de 65 diputados, es decir, una mayoría simple.
El director del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) y coordinador de la Coalición, Gustavo Irías, se refirió sobre la necesidad de impulsar reformas profundas, para dar al organismo internacional la potestad de investigar o requerir altos funcionarios se requerirán en el Código Procesal Penal.
Lo anterior es para abordar el estatus especial de los funcionarios que serían investigados o requeridos y de esa manera, no repetir las dificultades que en su momento enfrentó la ahora extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
“Renunciar a una reforma del Ministerio Público y de la Constitución al plantear el tema de querellante, ya no se habla de un organismo internacional que tendrá el monopolio de persecución penal, sino que será acompañante”, aseguró Irías.
Por su parte, Carlos Sierra, representante del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), argumentó que la viabilidad para aprobar el anteproyecto presentado por la diputada oficialista Xiomara Zelaya Castro dependerá de la voluntad política de todas las bancadas.
“Al no tener un querellante adhesivo y sí uno autónomo no necesita 86 votos la propuesta de ley, por eso buscan no tener una discusión tan amplia y llegar a una mayoría simple. Consideramos que en el Congreso Nacional alrededor de temas de corrupción deberían existir acuerdos unánimes”, pronunció.
Para el investigador, el tema de la CICIH más que importante por ser promesa de campaña, es una necesidad en el país porque la corrupción llegó a “niveles exorbitantes” y los ciudadanos exigen su instalación aunque la negociación entre Honduras y la Organización de Naciones Unidas (ONU) sea un tema complejo.
“La presentación fue una sorpresa. Es positiva si el decreto acelera el proceso, pero es importante discutir elementos como las virtudes que puede tener un querellante adhesivo y un autónomo o privado, también el tiempo (el proyecto establece que la CICIH durará cinco años), y el financiamiento”, detalló.
CICIH con dientes
Del mismo modo, Wilmer Vásquez, director ejecutivo de la Coordinación de Instituciones Privadas por las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden) mencionó la importancia de implementar una “CICIH con dientes” para avanzar en todos los procesos de investigación en las redes de corrupción.
“Hay temas que, para avanzar con la CICIH, no requieren reformas constitucionales y tampoco han sido una demanda de las Naciones Unidas. Muchas leyes que el país ya tiene pueden ser implementadas, se pueden pensar reformas, pero no necesariamente como una condicionante para instalarla”, manifestó.
Contenido básico que debe tener el convenio
Para la Coalición Anticorrupción, que respalda la instalación de un nuevo organismo internacional, existe un contenido básico que debe considerarse durante el proceso de negociación entre Honduras y la ONU.
Entre las propuestas que deben tener el convenio final para la instalación de la CICIH enumeraron que deben estar enfocadas en el combate de redes criminales públicas y privadas relacionando casos de macro corrupción mediante la persecución penal.
También que el trabajo que realiza la CICIH se reconoce que la corrupción no es un delito sin víctimas y que los grupos y personas históricamente excluidas sufren corrupción de manera desproporcionada.
Estimaron que el objetivo del ente tendrá que ser el fortalecimiento del sistema nacional anticorrupción, así como la necesidad de un mecanismo formal de participación de la sociedad civil con la inclusión en el convenio final, la consolidación de un Consejo Consultivo Ciudadano (CCC).
Instaron a consolidar un sistema de persecución penal independiente y la defensa y protección del personal nacional y otros actores involucrados en la lucha contra la corrupción.
