Tegucigalpa, Honduras.- Diversos sectores han expresado su rechazo a la decisión del gobierno de incluir como lectura obligatoria en el sistema educativo nacional el libro El Golpe 28-J: Conspiración transnacional, un crimen en la impunidad, escrito por el expresidente Manuel Zelaya Rosales.
La medida quedó oficializada a través del Decreto Ejecutivo 14-2025, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el pasado 24 de marzo.
El decreto ordena a la Secretaría de Educación incorporar el libro dentro de la Cátedra Morazánica, la cual también incluye contenidos sobre la vida y obra del prócer Francisco Morazán.
El ministro de Educación, Daniel Esponda, confirmó que el texto será parte del plan de estudios en los niveles de educación básica y media, con adaptaciones curriculares según la edad de los estudiantes.
“Se debe incluir el estudio histórico de lo sucedido en el golpe de Estado de 2009”, declaró.
La decisión ha generado críticas de diferentes sectores. Una de las reacciones más destacadas fue la de la diputada del Partido Liberal Iroshka Elvir, quien cuestionó: “¿También le enseñarán a los alumnos el apodo de ‘el comandante’ y que recibió la mitad de los narcos?”, añadiendo que la enseñanza también podría ser selectiva.
El empresario Eduardo Facussé Salomón, expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, ironizó: “¿Alguien sabe en qué capítulo del libro relatan lo acontecido en el narcovideo?”
Por su parte, la diputada María Antonieta Mejía calificó la medida como una forma de adoctrinamiento: “Esto no es educación, es propaganda. Las aulas ya no son para aprender ciencia o matemáticas, ahora son campos de entrenamiento ideológico”, escribió en redes sociales.
La diputada, Suyapa Figueroa, sugirió acciones legales: “Vamos a tener que interponer un recurso legal contra esta absurda disposición”, señalando además que el libro podría promover un “narcisismo autoritario”.
La diputada Alia Kafati también reaccionó: “Empieza el adoctrinamiento de nuestros hijos en las escuelas. Capítulo 1: Siempre darle la mitad al comandante”.
Del sector educativo privado, el académico Carlos Sabillón cuestionó la constitucionalidad del decreto, argumentando que vulnera la libertad de cátedra. A su juicio, el libro promueve una visión parcial de los hechos del 28 de junio de 2009 y representa una narrativa política alineada con el Partido Libre.
Sabillón también criticó la utilización de la figura histórica de Francisco Morazán, alegando que se busca justificar el contenido del libro bajo el pretexto de promover valores democráticos y hondureñistas.
El decreto instruye además a la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) a imprimir y distribuir gratuitamente el libro en centros educativos y otras instituciones, con el objetivo de que “los hechos no se repitan”. La Secretaría de Finanzas deberá cubrir los costos mediante readecuaciones presupuestarias.
El libro El Golpe 28-J relata la versión de Zelaya sobre los hechos del 28 de junio de 2009, cuando fue derrocado por las Fuerzas Armadas tras impulsar una consulta popular relacionada con la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. En ese entonces, tanto la Corte Suprema de Justicia como el Congreso Nacional consideraron ilegal la consulta, interpretando que tenía como fin extender su mandato.
Hasta la fecha, las autoridades no han respondido directamente a las críticas, aunque el Ministerio de Educación ha reiterado que el objetivo es promover el análisis histórico desde una perspectiva educativa.
