Tegucigalpa, Honduras.- Las Fuerzas Armadas de Honduras volvió a quedar en el ojo del huracán, esta vez por una comunicación enviada al Consejo Nacional Electoral (CNE) que muchos califican como un preocupante retroceso en la institucionalidad democrática del país.
En lugar de responder directamente a una solicitud formal de seguridad para el proceso electoral de 2025, la cúpula militar remitió al CNE a gestionar la petición con la presidenta Xiomara Castro, su comandante general.
La movida es vista por analistas y sectores políticos como una distorsión peligrosa del orden democrático, que pone en entredicho la neutralidad y el rol técnico-operativo que la Constitución le asigna a las Fuerzas Armadas durante los procesos electorales.
No procedente
El general en condición de retiro, Luis Maldonado Galeas, criticó la carta enviada por las Fuerzas Armadas de Honduras al Consejo Nacional Electoral (CNE) catalogando el hecho como "no procedente".
A juicio del exjefe militar, esta medida no corresponde al protocolo institucional ni al funcionamiento adecuado del Estado.
Según Maldonado, la presidenta de la República ejerce su autoridad a través de los secretarios de Estado, quienes poseen competencias propias y son los canales naturales para gestionar asuntos entre instituciones.
En el caso de las Fuerzas Armadas, subraya que el jefe del Estado Mayor Conjunto es quien ostenta el mando operativo, mientras que las relaciones institucionales deberían llevarse por medio de la Secretaría de Defensa Nacional, no directamente con la presidencia.
“La Secretaría de Defensa es la que debe tener relaciones protocolarias con otras instituciones del Estado. No es función del presidente atender directamente solicitudes como esta”, señaló Maldonado.
En su opinión, permitir que los órganos del Estado comiencen a dirigir peticiones directamente a la presidenta crearía un desorden administrativo, “imagínese todas las secretarías elevando solicitudes a Casa Presidencial. Eso no funciona así”, dijo.
El general también cuestionó la forma en que fue enviada la nota, señalando como una falta de cortesía y formalidad el hecho de que la misiva haya sido firmada por un oficial de enlace, mientras que la solicitud original del CNE fue suscrita por su presidenta.
A su criterio, la respuesta debió tener un nivel jerárquico equivalente al de quien hizo la petición, en respeto al protocolo institucional.
Maldonado insistió en que la seguridad solicitada por el CNE es una acción operativa, no política, y por tanto, corresponde que sea atendida por las Fuerzas Armadas de forma directa, conforme a su mandato constitucional, sin necesidad de involucrar a la presidenta en su calidad de comandante general.
Para el exoficial, la nota emitida por las FF. AA. distorsiona el funcionamiento normal de las instituciones, generando confusión sobre los canales correctos de comunicación entre órganos del Estado.
“Cada quien debe ejercer su función en el ámbito correspondiente de secretaría a secretaría, de institución a institución. No se debe cargar a la presidenta con este tipo de gestiones”, reiteró.
Maldonado enfatizó que el mandato de brindar seguridad en procesos electorales ya está establecido en la Constitución, y que corresponde a los mandos operativos cumplirlo sin necesidad de reinterpretaciones ni condicionamientos administrativos que afecten la institucionalidad.
Irracional
Para el abogado y analista político Germán Licona, el actuar de las Fuerzas Armadas resulta no solo innecesario, sino abiertamente irracional y atentatorio contra la operatividad del Estado.
Según explicó, el país ya cuenta con mecanismos legales e institucionales para que la coordinación entre entes como el CNE y las Fuerzas Armadas se realice de forma directa, a través del ministro de Defensa o el jefe del Estado Mayor Conjunto, como se ha hecho históricamente.
Licona advirtió que redirigir estas solicitudes hacia la Presidencia de la República o la Secretaría de la Presidencia, en lugar de atenderlas operativamente desde la estructura militar, entorpece la funcionalidad administrativa y socava principios como la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia en la gestión pública.
“Están cargando a la presidenta con una responsabilidad que no le corresponde en este nivel operativo. Eso no es transparencia, es un retroceso”, afirmó.
Aunque reconoce que el Consejo Nacional Electoral es una institución autónoma, el analista subraya que esa autonomía no implica aislamiento, sino coordinación fluida y complementaria con otras entidades del Estado, especialmente en funciones tan delicadas como la seguridad electoral.
En ese sentido, la carta de las FF AA, en vez de facilitar la cooperación, introduce obstáculos innecesarios que podrían afectar la ejecución puntual de las tareas.
“Es legal, sí, pero no es funcional”, remarcó Licona, al considerar que el proceder de los militares se aparta de la lógica administrativa moderna, donde la ley de la Administración Pública ya permite la coordinación interinstitucional sin necesidad de subir cada trámite a los más altos niveles del poder.
“Lo que están haciendo es romper una línea de comunicación efectiva que debería mantenerse expedita y libre de filtros políticos”, advirtió.
Con esta postura, se suma otra voz crítica al creciente coro de expertos que ven en esta acción una preocupante señal de desvío institucional por parte de las Fuerzas Armadas, justo en un momento en el que se necesita certeza, profesionalismo y neutralidad de cara a los comicios generales de 2025.
Partidización
Desde el ámbito de los derechos humanos, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, también alzó la voz contra el proceder del alto mando militar.
A su juicio, el contenido y tono del documento enviado al CNE por el Estado Mayor Conjunto da la impresión de estar dirigido a un partido político, como si se tratara de un actor electoral más y no de la máxima autoridad en materia comicial en el país.
“Parece que creen que están hablando con el Partido Nacional o con otro partido, pero no, están hablando con el Consejo Nacional Electoral”, subrayó.
Maldonado cuestionó duramente la aparente pérdida de imparcialidad de las Fuerzas Armadas, y lamentó que “ponerse una gorra de partido no cuesta nada”, insinuando que la institución armada sigue atrapada en una narrativa de politización que pone en duda su neutralidad frente a la sociedad.
Para el presidente del Codeh, la institucionalidad militar debería estar muy por encima de estos "dimes y diretes" partidarios, pero la realidad refleja otra cosa.
“¿Y entonces qué estamos protegiendo?”, se preguntó Maldonado, al recordar que la Policía Militar del Orden Público (PMOP), que forma parte de la estructura de las FF AA, tiene capacidad suficiente para brindar la seguridad solicitada por el CNE.
Desde su perspectiva, el envío de la nota no solo fue innecesario, sino también una muestra de desdén hacia el proceso democrático.
El defensor de derechos humanos también hizo un señalamiento importante sobre las consecuencias prácticas del documento: “¿Qué pasa si la presidenta está fuera del país o en actividades protocolares? ¿Hay que esperar a que regrese, revise papeles, autorice? Eso es inaceptable”.
Para Maldonado, el documento es un acto osado, que lejos de facilitar la institucionalidad, la sabotea.
Incluso fue más allá y planteó que este tipo de decisiones podrían rozar con posibles delitos electorales, razón por la cual hizo un llamado a la Fiscalía de Delitos Electorales a investigar de oficio el caso.
“Esto no es un asunto menor, aquí se están tocando fibras sensibles del proceso democrático, y hay que actuar con responsabilidad”, alertó.
Maldonado también exhortó a los partidos políticos a asumir su papel en esta crisis institucional, señalando que el conflicto tiene “nombre y apellido”: la partidización de las decisiones institucionales.
En ese sentido, instó a establecer una mesa de diálogo nacional donde se priorice la democracia y se garantice la transparencia del próximo proceso electoral.
Aunque no reservó críticas hacia algunos miembros del CNE, recordó que es urgente detener el retraso institucional que amenaza con contaminar el calendario electoral.
A su juicio, las decisiones deben tomarse con visión de Estado, no bajo presiones políticas, ni con protagonismos que vulneren la confianza ciudadana.
