Siguen vigilias por los presos políticos en Venezuela
Familiares de personas detenidas por motivos políticos en Venezuela cumplieron 200 días de vigilia permanente frente a distintos centros de detención del país, en una protesta pacífica para exigir la liberación de sus seres queridos
- Actualizado: 01 de agosto de 2026 a las 20:51
En vigilia permanente frente a distintos centros de detención del país, permanecen los familiares de los presos políticos en Venezuela.
La jornada conmemorativa de este sábado se desarrolló principalmente afuera de la Embajada de Estados Unidos.
Los días anteriores se ha desarrollado en las afueras de la cárcel Rodeo I, donde los participantes realizaron un acto simbólico con velas formando el número 200, desplegaron la bandera de Venezuela y llevaron a cabo una lectura colectiva.
Los familiares señalaron que la vigilia comenzó el 8 de enero como una iniciativa para reclamar la libertad de los detenidos y brindar apoyo a las familias afectadas.
Con el paso de los meses, la protesta se convirtió en una acción permanente de memoria, solidaridad y resistencia pacífica frente a diferentes centros de detención del país.
Entre los lugares donde se han realizado las vigilias figuran El Helicoide, Rodeo I, Guaicaipuro, Ramo Verde, Tocorón, Tocuyito, Zona 7 y diversos calabozos policiales.
Durante estos 200 días, las familias han organizado campamentos, jornadas de oración, ruedas de prensa y otras actividades de incidencia tanto dentro como fuera de Venezuela para mantener visible su demanda.
Actualmente, los manifestantes mantienen presencia permanente en las afueras de Rodeo I y en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela.
En el acto, los participantes afirmaron que la vigilia representa un acto de amor, memoria y solidaridad, además de un esfuerzo por proteger la vida de las personas que permanecen bajo custodia del Estado.
Los familiares también señalaron que la situación de los detenidos ya era preocupante antes de los terremotos ocurridos el 24 de junio, los cuales, según indicaron, evidenciaron la falta de protocolos de emergencia e información sobre las personas privadas de libertad.