Caso Ueno bank: un escándalo que acabó con la presidencia de Santiago Peña en Paraguay
Préstamos irregulares, vínculos políticos y problemas de solvencia marcaron el escándalo bancario que sacudió a Paraguay y dejó fuera del poder a Peña
- Actualizado: 07 de noviembre de 2026 a las 12:17
La crisis financiera de Ueno bank provocó un terremoto político en Paraguay que terminó con la destitución de Santiago Peña como presidente, la detención de varios directivos de la entidad bancaria y una investigación penal por presuntas irregularidades en el manejo de cientos de millones de dólares.
Ueno bank, perteneciente al Grupo Vázquez, experimentó un crecimiento acelerado desde que se convirtió en una entidad bancaria digital en 2023, hasta alcanzar aproximadamente 2,9 millones de clientes en un país con poco más de seis millones de habitantes y acumular cerca de 850 millones de dólares en depósitos.
Su expansión también estuvo acompañada de relaciones con instituciones públicas, entre ellas el Instituto de Previsión Social (IPS), organismo encargado de administrar los recursos de jubilaciones y seguridad social de Paraguay, que mantenía alrededor de 380 millones de dólares depositados en la institución financiera.
Sin embargo, el crecimiento de la entidad comenzó a verse comprometido por problemas de solvencia y presuntas irregularidades en sus operaciones, especialmente por préstamos y sobregiros concedidos a empresas vinculadas con el mismo grupo económico, bajo condiciones que no habrían cumplido los parámetros habituales de evaluación y análisis de riesgo crediticio.
El 3 de noviembre de 2026, el Banco Central de Paraguay (BCP) anunció el inicio del procedimiento de resolución de Ueno bank, luego de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido legalmente.
Las autoridades también investigaban posibles operaciones destinadas a ocultar el deterioro de las cuentas de la institución, pese a que la Superintendencia de Bancos había advertido sobre irregularidades meses antes y los accionistas habían anunciado, a finales de octubre, una capitalización de emergencia de 100 millones de dólares que no logró solucionar la crisis.
La intervención dejó a cerca de 2.9 millones de clientes sin acceso a sus cuentas, con tarjetas inhabilitadas y sucursales cerradas, por lo que el Banco Central activó el Fondo de Garantía de Depósitos, que contempla una cobertura de hasta 75 salarios mínimos mensuales, equivalentes a unos 38,000 dólares por depositante, con una protección estimada para el 97% de los ahorristas.
Uno de los principales cuestionamientos fue el nombramiento de Carlos Carvallo al frente del Banco Central en 2023, debido a que anteriormente había presidido Financiera Ueno, lo que generó dudas sobre la independencia del organismo supervisor. Carvallo renunció al cargo y este viernes 6 de noviembre se presentó ante el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, luego de que la Fiscalía ordenara su detención.
Por su parte, la Fiscalía abrió una investigación penal contra 27 personas por presuntas irregularidades financieras relacionadas con operaciones realizadas entre 2025 y 2026, entre ellas el fundador y principal accionista de Ueno bank, Miguel Vázquez, así como integrantes de su directorio y representantes de otras empresas vinculadas al grupo económico.
En cuanto a las medidas judiciales, el juez de Garantías Rodrigo Estigarribia ordenó prisión preventiva para Miguel Vázquez y otros directivos de la institución, mientras que las ejecutivas Diana Mongelós y Mariana Torres quedaron bajo arresto domiciliario con monitoreo mediante tobilleras electrónicas, además de disponer medidas para inmovilizar bienes y cuentas bancarias de personas y empresas relacionadas con el caso.
Posteriormente, este viernes 6 de noviembre, Miguel Vázquez y otros cuatro directivos fueron trasladados al Centro Nacional de Prevenidos de Asunción (mejor conocida como Tacumbú), una cárcel destinada a personas procesadas, donde permanecerán mientras se desarrolla el procedimiento judicial.
Finalmente, el caso Ueno bank alcanzó al expresidente Santiago Peña, quien presentó su renuncia a la Presidencia el jueves 5 de noviembre, en medio de los cuestionamientos por sus vínculos con el Grupo Vázquez y las investigaciones por presuntas irregularidades financieras.
Sin embargo, el Congreso rechazó su dimisión y promovió un juicio político que terminó con su destitución el viernes 6 de noviembre, por lo que el entonces vicepresidente Pedro Alliana asumió el poder.
Tras perder la inmunidad que habría conservado como expresidente, Peña fue detenido el viernes 6 de noviembre en su domicilio por orden de la Fiscalía y este sábado 7 de noviembre compareció ante el Ministerio Público para rendir su declaración, en el marco de las investigaciones relacionadas con el escándalo financiero.
De esta manera, la quiebra de Ueno bank trascendió el ámbito económico y se convirtió en una crisis institucional para Paraguay, con miles de clientes afectados, directivos bajo prisión preventiva y el expresidente sometido a investigación.
El proceso judicial deberá determinar las responsabilidades individuales en las presuntas irregularidades que provocaron el colapso de la entidad bancaria y sacudieron al Gobierno paraguayo.