Marco Vallecillo: el proceso judicial que terminó con un fallo a su favor
El caso del juez Marco Vallecillo tomó un nuevo rumbo luego de que la Corte de Apelaciones concediera un amparo y ordenara dejar sin efecto parte del proceso judicial en su contra. La decisión abrió la puerta para su regreso al Poder Judicial
- Actualizado: 15 de agosto de 2026 a las 13:26
El juez Marco Antonio Vallecillo fue capturado el 17 de agosto de 2024, acusado por el Ministerio Público de extorsión contra un testigo protegido.
Tras su captura, un juez dictó detención judicial y Vallecillo fue enviado a la base de las Fuerzas Especiales, conocida como “Los Cobras”.
En agosto de 2024, la justicia dictó auto de formal procesamiento y mantuvo la prisión preventiva mientras avanzaba la causa por presunta extorsión.
En junio de 2026, la Sala de lo Constitucional concedió un amparo al exjuez y ordenó revisar las actuaciones, al advertir vulneraciones al debido proceso.
No obstante, la Corte de Apelaciones otorgó el amparo y anuló las actuaciones realizadas contra Vallecillo sin el trámite previo de antejuicio, al considerar vulnerados el debido proceso y el principio de legalidad.
La resolución establece que, si el Ministerio Público considera necesario continuar una acción penal contra Vallecillo, deberá promover previamente el procedimiento de antejuicio previsto en los artículos 420 al 423 del Código Procesal Penal.
La Corte ordenó restablecer a Vallecillo en el pleno goce de sus derechos fundamentales y remitió nuevamente el expediente al juzgado de procedencia.
La defensa sostiene que la resolución abre el camino para su reintegro al puesto que ocupaba o a uno equivalente, además del reclamo por los salarios dejados de percibir.
El tribunal de segunda instancia consideró que existió una violación al debido proceso y al principio de legalidad, por lo que otorgó el recurso de amparo.
De acuerdo con la explicación del vocero del Poder Judicial, Carlos Silva, los magistrados consideraron que esta situación constituye una vulneración de las garantías constitucionales de independencia judicial y debido proceso, conforme a lo establecido por la Sala de lo Constitucional.