Tegucigalpa, Honduras.- El Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), expresó su preocupación ante la demora injustificada en el desarrollo del proceso de elecciones primarias.
Blanca Saraí Izaguirre, titular del Conadeh, en el ejercicio de su mandato convencional, constitucional y legal, con independencia funcional, técnica y de criterio; se pronunció y demandó al Ministerio Público, “iniciar de manera urgente una investigación”.
“En el marco del proceso de observación electoral instalado por el Conadeh se han constatado centros de votación que, a horas de la tarde, persisten sin recibir el material electoral habiendo transcurrido más de ocho horas desde la apertura programada para el inicio de los comicios.
Aunado a ello, se ha reportado que los vehículos de la ruta urbana que transportaban el material electoral se encuentran sin custodia e imposibilitados de acceder a los puntos de entrega”, dijo Izaguirre.
Además, dio a conocer que derivado de ello, esta institución nacional de derechos humanos, “ha registrado múltiples protestas en los centros de votación, hechos de violencia que incluyen altercados entre miembros de diferentes partidos políticos y tomas de carreteras, impidiendo el acceso de los votantes a los centros electorales”.
A la luz de esto, las autoridades con competencia para coordinar, gestionar la logística y custodiar las elecciones a nivel nacional, “no han determinado una causalidad clara y justificable para lo sucedido; así como, no han establecido un plan de respuesta que atienda las necesidades urgentes de los votantes”, aseguró la funcionaria.
Es por eso que “es de suma preocupación para el Conadeh que la escalada en la conflictividad electoral ejerza un efecto inhibitorio en los votantes, los cuales se han retirado de los centros de votación por la falta de apertura y los hechos de violencia”.
Por lo tanto, el Conadeh advierte que el entorpecimiento u obstaculización del ejercicio al voto libre, secreto y directo, “no solo constituye una violación del derecho al sufragio; sino que, implica una grave infracción a la Constitución de la República de Honduras en lo que respecta a la soberanía popular, la autodeterminación de los pueblos, la democracia participativa y la forma de gobierno”.
En consecuencia, “insta al Ministerio Publico a iniciar de carácter urgente una investigación diligente y con celeridad sobre lo sucedido, a efectos de atribuir responsabilidad y evitar que los hechos se repitan de cara a las elecciones generales del próximo noviembre de este año”.
