TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con la venia de altos funcionarios de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), empresas constructoras alquilaron decenas de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para recibir millonarios desembolsos en convenios de construcción de viviendas, techos, pisos y letrinas, de los cuales cientos no comenzaron y otros los abandonaron sin realizar las liquidaciones, según pruebas recopiladas por la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus.
Según evidencias en poder de este medio, las ONG alquiladas recibían entre el 5 y 10 por ciento de los fondos de cada convenio por prestar su nombre; por otro lado, los altos funcionarios de Sedis ya tenían una lista de empresas constructoras de reciente creación para realizar los millonarios proyectos.
Producto de la estafa, ahora decenas de ONG, iglesias, médicos brigadistas, asociaciones indígenas y cientos de fundaciones amparadas en la creación de proyectos sociales no han podido liquidar, en un claro desfalco de más de 314 millones de lempiras a Sedis, reconvertida ahora en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus reunió cientos de documentos y convenios realizados entre 2018 y 2021 que demuestran la corrupción, visitó los proyectos abandonados y los no iniciados e igualmente recopiló los testimonios de representantes de ONG que reconocieron haber recibido dinero de las empresas constructoras.
Las ONG se amparan, según constató este rotativo, en que era la única manera de subsistir y recibir fondos de Sedis en el gobierno anterior, pues las que no se alineaban a trabajar con las constructoras “elegidas” no eran tomadas en cuenta por los funcionarios a pesar de que tenían proyectos sociales para desarrollar.Algunas de las ONG incluso llegaron al Ministerio Público (MP) para denunciar a empresas constructoras.
La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus posee los documentos donde se constata que no terminaron los proyectos porque no recibieron los fondos y tampoco los liquidaron, ocasionando que ahora sean ellas las que están metidas en problemas legales.
La Sedis, por su parte, está a un paso de ser liquidada para pasar a ser Sedesol y sus nuevas autoridades dejaron claro que los proyectos inconclusos por la estafa no serán retomados y el dinero sin liquidar entrará a un proceso legal en el que la Procuraduría General de la República (PGR) se encargará de recuperarlo.
En medio de la ola de corrupción que dejó el alquiler de ONG están miles de hondureños a los que no les construyeron las casas, tampoco los pisos, techos ni letrinas.
Decepcionados, le contaron a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus cómo fueron engañados cruelmente.
Algunos incluso se endeudaron con terrenos -requisito que les pedían para construirles las casas- o pagaron albañiles para que les hicieran planteles con la ilusión de recibir el beneficio y dejar de pagar alquiler.
Los estafados son damnificados de Eta y Iota, familiares de los reclusos quemados en la Granja Penal de Comayagua, policías y un mar de personas que exigen les brinden una respuesta a su situación.
Modus operandi
“Mi representada fue persuadida a realizar un convenio de arrendamiento para construcción de obras físico sanitarias con la sociedad Servicios Avanzados de Construcción Puerto y Asociados (SACPA), dirigida por la señora Mary Florencia Puerto Mejía, entidad que se ha dedicado a gestionar financiamientos y ejecutar proyectos de asistencia social con ONG y la venia de Sedis”, denunció ante el Ministerio Público la Asociación Civil de Médicos Brigadistas Emprendedores de Honduras (Acimebreh).
Esta ONG se considera estafada y está pendiente de liquidar más de 2.5 millones de lempiras de un convenio en el que solo prestaron el nombre y no manejaron los fondos, todo a cambio de recibir el 10 por ciento del total del desembolso que giró Sedis.
Por su parte, representantes de Hunab Ku (asociación que celebró el convenio No. 13-Sedis-2021, para la construcción de viviendas, techos y pisos) también le aseguró a EL HERALDO Plus que ellos fueron orillados a trabajar con una empresa constructora que se encontraba en un listado especial (“a nosotros nos buscaron”) y que recibieron el cinco por ciento de los fondos del proyecto casi bajo las mismas circunstancias, pues prácticamente prestaron el nombre de la ONG para el papeleo.
Estas dos ONG son solo una muestra -hay más testimonios- del alquiler de asociaciones civiles.
En el primer caso no hay liquidación del proyecto en Sedis y se desconoce dónde quedaron los fondos, mientras que en el segundo se liquidó una parte, pero muchas casas no terminaron de ser construidas, según confirmó la Unidad Investigativa en una visita de campo.
Todo estaba amarrado en Sedis para que las ONG no tuvieran más opción que someterse a los funcionarios que decidían las empresas constructoras con las que iban a realizarse los proyectos, indican los testimonios de estas organizaciones.
Las ONG que llegaban con propuestas a Sedis eran ignoradas o les daban largas, según la versión brindada a este medio.
Una de las empresas constructoras “elegidas” las contactaba directamente y les proponía un proyecto de construcción de viviendas, techos, pisos y letrinas en algún municipio por montos de hasta más de 10 millones de lempiras.
A las empresas constructoras no les importaba la finalidad para la que estaban destinadas las ONG.
En el caso de la constructora SACPA (se tiene un registro parcial en Sedis de que trabajó con 18 organizaciones en los últimos años, pero pueden ser muchas más), buscó a varias ONG sin relación con la construcción de viviendas.
Para el caso, la finalidad de Acimebreh es realizar brigadas médicas en Honduras.Sin embargo, las organizaciones eran persuadidas bajo el argumento de que no tenían que hacer nada, pues los ingenieros y los materiales (en realidad, absolutamente todo) correrían por parte de la constructora, incluso la lista de beneficiados pasaba primero por la empresa que por las asociaciones civiles.
El trato consistía en que la ONG se presentara a Sedis a solicitar el proyecto -la empresa constructora ya tenía amarrado el contrato con la venia de los altos funcionarios-, presentara sus papeles en orden y esperara a que aprobaran el convenio para el desembolso.
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En el papel, las ONG eran las que iban a administrar el dinero y ponían su firma en el convenio a la par del viceministro de turno, pero las empresas constructoras desembolsaban el dinero de un seguro que era el 40 por ciento del valor del proyecto.
Eso era en documentos, pues la realidad es que la ONG solo iba a servir de intermediario.
Al caer el dinero del convenio a su cuenta bancaria inmediatamente debían depositarlo en una nueva cuenta a nombre de las empresas constructoras, que prácticamente ya sabían el día y la hora cuando caería “la plata”.
Eso sí, las ONG se cobraban su 10 por ciento en ese momento y dejaban los proyectos en manos de las empresas constructoras que se entendían con Sedis para las supervisiones y liquidaciones a fin de salir bien librados con ostentosos pagos de sobornos a las unidades encargadas de darle seguimiento a los proyectos que al final no ejecutaban o dejaban a medias.
