2024 se avizora como un año difícil para la libertad de expresión y prensa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El 2024 será otro año complicado para la libertad de expresión y prensa en el país, proyectan periodistas, comunicadores sociales y defensores de derechos humanos.

Presagian otro tiempo de batalla contra las agresiones, hostigamiento, intimidación, atentados, desplazamiento forzado, asaltos e incluso la muerte, agregando esta vez la lucha contra el fenómeno de la desinformación.

Reporteros sin Frontera señala que Honduras sigue siendo uno de los países más mortíferos para el periodismo en el continente americano, lo cual crea un clima de autocensura y miedo en la prensa.

De acuerdo con Osman Reyes, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), se espera un año bastante complicado, pero -por otro lado- puede ser que al entrar en un año electoral el gobierno deje la agenda ideológica y se vaya más por la parte política con el fin de mantenerse otro período en el poder.

Él es del criterio que la situación de libertad de expresión y de prensa es complicada, pero es más grave en el interior del país, donde los periodistas y comunicadores sociales están solos y para sobrevivir tienen que autocensurarse.

A raíz de ello hablan muy poco de los verdaderos temas o hechos que afectan a sus comunidades y cuando lo hacen rápidamente son amenazados, agredidos o asesinados.

“Es que en este país el trabajo de los reporteros y otro personal de los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, cada día se vuelve más riesgoso producto de la intolerancia oficial, la conducta hostil de funcionarios vinculados a corrupción, de algunos funcionarios municipales, así como del crimen organizado y narcotráfico”, sostuvo Reyes.

Para el presidente del CPH, el riesgo de que en el 2024 el ambiente en que se desenvuelve la prensa siga degradándose, será muy alto.

Igual, los informes internacionales de Reporteros sin Fronteras, de Naciones Unidas y de la organización Human Rights Watch no son nada alentadores en cuanto a una mejoría de ese clima hostil contra la la prensa y la defensa de los derechos humanos.

Solo el año pasado, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) registró la muerte violenta de dos personas vinculadas a los medios de comunicación. Una fue ultimada en esta capital y otra, Francisco Ramírez Amador, en Danlí, El Paraíso.

En el caso de Ramírez Amador, estaba bajo la protección de la Policía Nacional, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y organismos internacionales, pues ya había recibido un atentado. Además, estaba en proceso de que aceptaran su solicitud de asilo político en otra nación.

La Policía afirmó que investigan el caso, aunque no han dado detalles al respecto.

Con estos dos hechos criminales las estadísticas -entre el 2002 y 2023- pasaron de 96 a 98 crímenes, el 90% de ellos en la impunidad, según el Comisionado.

Blanca Izaguirre, titular del Conadeh, expresó que la libertad de expresión no funciona cuando existe un alto porcentaje de casos en la impunidad o sin resolver. La impunidad es un fenómeno que se suma a otros conflictos sociales que afectan al país como, la violencia, la inseguridad y la corrupción, añadió.

La situación del país es alarmante ya que los 18 departamentos registran actos criminales contra personal vinculado a los medios de comunicación, sobresaliendo Francisco Morazán con 22 casos, Cortés con 19, Copán y Atlántida con nueve cada uno, Yoro 8, Olancho 7, Lempira 5 y los demás en los otros departamentos.

Además, el Conadeh registra 107 casos de periodistas y comunicadores sociales víctimas de desplazamiento en los últimos seis años. Muchos de estos perseguidos buscaron apoyo en el Conadeh y en el desbaratado Mecanismo de Protección de la Secretaría de Seguridad.

Pero “el mecanismo creado por Honduras en 2015 para proteger a periodistas, defensores de derechos humanos y profesionales del sistema de justicia tiene graves falencias. El mecanismo carece de autonomía financiera, de personal calificado con experiencia en derechos humanos y de la confianza de los defensores, quienes temen dar información personal que pueda acabar en manos de quienes los atacan”, dice el informe mundial 2024 de Human Rights Watch, que toma como referencia los eventos del 2023.

En el 188 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizado entre el 30 de octubre al 10 de noviembre de 2023, el Estado hondureño tuvo que responder por la crisis dentro del Mecanismo de Protección.

En ese entonces, la ministra de derechos humanos Natalie Roque aseguró que el mecanismo tenía bajo su protección 185 casos, entre ellos 138 personas defensoras de derechos humanos, 15 periodistas, 16 comunicadores sociales. Explicó que el 3.2% de los 185 casos consumen el 80% del presupuesto de 20 millones de lempiras.

Human Rights Watch, sostiene en su último informe que “el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha fallado en cumplir con su promesa de fortalecer los derechos humanos y las instituciones democráticas en el país”.

Los informes internacionales revelan que el 2023 fue un año complejo en materia de libertad de expresión, ya que funcionarios del gobierno no solo atacaron a la prensa, sino que también atentaron contra el derecho de manifestación, al ordenar se investigara una marcha que se realizó en la ciudad de Choluteca en noviembre de 2023.

Las denuncias de comunicadores del interior del país también indican el nivel de hostilidad de que son víctimas por parte de las autoridades municipales poco tolerantes a la crítica.

El comunicador Erikc Cruz, quien es propietario de su proyecto periodístico ProTV Digital relató que hace unos días le preguntó a un regidor municipal de Santa Rosa de Copán, sobre el cambio de uso de suelo, pero no obtuvo ninguna respuesta. No obstante, en una reunión de corporación el regidor municipal amenazó con querellarlo.

Cruz, al igual que otros comunicadores de la zona, también han denunciado ante las organizaciones de derechos humanos las amenazas que reciben desde la Alcaldía Municipal.

“Soy víctima de calumnias, falsos testimonios. El alcalde anda diciendo que yo lo estoy extorsionando. Cuando saco una denuncia me acusa diciendo que yo ando buscando pauta publicitaria o es porque yo le estoy pidiendo dinero, cosas que no son ciertas”.

EL HERALDO contactó a Aníbal Erazo, alcalde de Santa Rosa de Copán, quien en una llamada telefónica sostuvo: “Yo en Santa Rosa me llevo bien con toda la prensa, lógicamente con algunos no me llevo bien”.

Sobre las amenazas a los comunicadores expresó: “primero hay que ver si son periodistas o son vividores de la comunicación o extorsionadores porque aquí en Santa Rosa hay gente que agarra un teléfono celular y anda entrevistando y lo ponen en las redes sociales y empiezan a extorsionarlo a uno”.

Similar situación vivió el año pasado el comunicador social José Roberto Mejía, quien dirige un programa de noticias en la empresa de televisión TLS, en Siguatepeque, Comayagua. Después de varios roces verbales con el alcalde Asley Cruz.

Mejía se sorprendió el 1 de diciembre cuando le llegó una “citación” que le hacía el asesor legal de la alcaldía exigiéndole que se presentara a la oficina legal de la Alcaldía Municipal de Siguatepeque el lunes 4 de diciembre a las 2:00 de la tarde. “Lo anterior para conversar temas de relevancia sobre esta administración y así ayudar a aclarar cuestiones particulares y sociales”, dice la citatoria, que el comunicador ignoró y denunció al Conadeh

Dina Meza, periodista y defensora de derechos humanos también considera que este será otro año complicado en cuanto a libertad de expresión y prensa porque hay mucha alergia a la crítica.

Las amenazas no solo serán contra los periodistas y comunicadores sociales, sino contra todos aquellos ciudadanos que se atrevan a opinar, sobre todo si son de la oposición, advirtió.

Ella es del criterio que la situación de los comunicadores sociales en el interior del país es más difícil porque allá les conocen el domicilio, la familia, sus movimientos y sus críticas y son atacados ahora a través de las redes sociales, donde prolifera la desinformación, además de la conducta intolerante de muchos alcaldes.

Las redes sociales son usadas para desinformar y desprestigiar medios, organizaciones y personas, un fenómeno que cada vez se vuelve complicado de combatir, reflexionó.