Tegucigalpa, Honduras.- Con las elecciones generales 2025 a pocos meses, los debates presidenciales se presentan como un espacio clave para que los ciudadanos conozcan las propuestas y el plan de gobierno de cada candidato de los diferentes partidos políticos.
Sin embargo, algunos aspirantes presidenciales, como Rixi Moncada, del partido Libertad y Refundación (Libre), han decidido no participar, lo que genera dudas sobre el cumplimiento de la ley y el compromiso con la transparencia en pleno contexto electoral.
La Ley de Transmisión de Debates Presidenciales, aprobada en diciembre de 2024 por el Congreso Nacional, marca un precedente en el panorama político del país al regular estas acciones.
En este explicativo, EH Verifica analiza cómo la ausencia de los candidatos presidenciales constituye un incumplimiento de la normativa vigente.
Participación obligatoria
De acuerdo con esta normativa, el Debate Presidencial es un evento público en donde los candidatos presidenciales exponen, contrastan y debaten sus propuestas y programas de gobierno, siendo el Consejo Nacional Electoral (CNE) el encargado de supervisar y coordinar los debates presidenciales.
Esto busca garantizar que los ciudadanos puedan conocer, de primera mano, las propuestas y posiciones de los candidatos a la presidencia, que medirán fuerzas en sus partidos políticos el 30 de noviembre en las elecciones generales.
La Ley de Organización y Transmisión de Debates Presidenciales, el título III, referente a la selección de candidatos, en su artículo 22, establece que se deben realizar dos debates obligatorios previos a los comicios.
Estos serán transmitidos por canales estatales y medios privados en horarios de máxima audiencia, y la ley establece que la inasistencia injustificada será sancionada.
"Estos debates serán televisados por los canales estatales, transmitidos en horarios de máxima audiencia y, por otros medios de comunicación privados. La inasistencia injustificada será sancionada conforme a lo establecido en esta ley", dice parte del precepto.
Además, el artículo 61 de la misma normativa ordena que "los candidatos que no asistan a los debates sin justificación válida serán sancionados con una multa equivalente a 10 salarios mínimos".
"Las sanciones aplicadas deberán ser notificadas públicamente, garantizando la transparencia en su aplicación", dice textualmente el artículo 62.
Sin pronunciamiento del CNE
La normativa asigna al CNE la responsabilidad de supervisar y coordinar los debates presidenciales; sin embargo, de cara a las elecciones generales de 2025, el ente electoral aún no ha emitido un pronunciamiento oficial.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) anunció este martes la realización del conversatorio presidencial “Honduras Conversa 2025”, siendo hasta ahora la única organización que ha confirmado un evento de este tipo.
El conversatorio se desarrollará del 27 al 31 de octubre de 2025, destinando un día exclusivo para cada uno de los cinco candidatos.
Hasta ahora, Nelson Ávila, del partido Pinu y Mario Rivera, de la Democracia Cristiana (DC), son los únicos candidatos que han confirmado su participación en los debates.
Rixi Moncada anunció que no participará, mientras que los demás aspirantes no han confirmado asistencia, dejando en manos de sus representantes la posibilidad de aparecer en el debate.
Especialistas advierten que esta falta de compromiso puede afectar la credibilidad del proceso electoral, al limitar la oportunidad de que los votantes comparen de manera directa las propuestas de los candidatos.
Para Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh), "la no participación en debates nos demuestra que realmente (los candidatos) dejan mucho que desear primero porque no tiene ninguna planificación del país".
Por esa misma línea, Nelson Castañeda, director de Seguridad de la Asociación para Una Sociedad Más Justa (ASJ), opinó que "la ausencia de los candidatos presidenciales en los debates es un retroceso democrático, porque evita que la ciudadanía contraste propuestas y capacidades frente a los grandes desafíos nacionales".
Castañeda agregó que "pese a que existe una ley que obliga a estos espacios, la falta de voluntad política, el cálculo electoral y la ausencia de sanciones efectivas han convertido la norma en letra muerta. Sin debates, el votante queda expuesto a campañas de imagen y promesas vagas".
El incumplimiento de la normativa sobre debates refleja la falta de compromiso de algunos candidatos con la transparencia electoral, dejando a la ciudadanía sin un espacio clave para comparar planes de gobierno y capacidades, concluyen los expertos.
