El clamor de cambiar la redacción del artículo dos del dictamen que plantea este beneficio abarcó hasta a congresistas del Partido Nacional, pero ni la Secretaría de Finanzas (Sefin), representada por la viceministra Roxana Rodríguez, ni el presidente en funciones del Poder Legislativo, Mario Pérez, consideraron las peticiones expuestas durante la décima sesión virtual.
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“Todos aquellos obligados tributarios categorizados como medianos o pequeños contribuyentes que durante el período de tiempo antes indicado han desarrollado actividad económica, ya sea de forma total o parcial, deberán cumplir con las obligaciones formales y materiales”, subraya la disposición que causó cuestionamientos al considerar que restringe los alcances de la ampliación remitida por el Poder Ejecutivo.
Por segunda ocasión, el Congreso Nacional amplió el martes al próximo 31 de agosto el término para la presentación y pago de la declaración jurada del ISR, aportación solidaria y activo neto, incluyendo la presentación a su vez del pago de contribuciones así como otros impuestos a los contribuyentes categorizados como pequeños y medianos.
Lo anterior implica que las pequeñas y medianas empresas (pymes) tienen hasta el último día de agosto para efectuar estos compromisos que se vencían el 31 de junio próximo.
Además, se prorrogaron los plazos para el cumplimiento de las cuotas de los pagos a cuenta del impuesto que grava los ingresos provenientes del capital, del trabajo o la combinación de ambos mediante una reforma al artículo tres de la Ley de Auxilio al Sector Productivo y a los Trabajadores ante los Efectos de la Pandemia Provocada por el Covid-19, contenida en el decreto legislativo 33-2020.
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A raíz del impacto económico del coronavirus, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) solicitó la extensión por dos meses más del pago del ISR, por lo que el Ejecutivo a través de Finanzas envió la propuesta la semana pasada al CN.
Con dispensa de dos debates, el proyecto de decreto en relación a la extensión del calendario tributario fue sometido a una amplia discusión y se aprobó sin efectuarle cambio alguno.
La única novedad fue la adición del artículo cuatro referente a la autorización a las municipalidades a conceder amnistía tributaria municipal hasta el próximo 31 de diciembre a las personas naturales o jurídicas sobre el pago de intereses, multas y recargos causados por la mora administrativa o judicial acumulada al 31 de mayo de este año por el incumplimiento en el pago de todos los impuestos y tasas municipales. Añade que las municipalidades podrán establecer planes de pago fuera del período de vigencia de esta disposición.
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Discusión y contrapropuesta
El diputado del Partido Liberal, Juan Carlos Elvir, fue el primero en participar en la discusión del dictamen que contiene este beneficio en su tercer y último debate al plantear una modificación al segundo artículo para que la prórroga sea aplicable a los obligados tributarios que no estaban autorizados para realizar ningún tipo de actividad hasta la entrada en vigor del plan de reapertura al igual que reactivación económica en el país.“Nosotros proponemos que el artículo quede tal cual; hay una evaluación del beneficio de la ejecución que han tenido en la parte de operación del pequeño como el mediano empresario”, argumentó Rodríguez. Entretanto, el legislador del partido de la insignia rojiblanca, Walter Romero, sostuvo que la redacción de la disposición que ocasionó controversia genera contradicción y la prórroga no tendría sentido alguno.
poco más de 60 votosobtuvo la totalidad de este dictamen |
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Por su parte, el diputado nacionalista Jaime Villegas señaló que durante junio las empresas tienen que cumplir con el pago del décimo cuarto salario a sus empleados y muchas no van a poder efectuar sus compromisos en materia tributaria.
El legislador liberal Yuri Sabas propuso que en lugar de que los obligados tributarios honren el 75% del monto del ISR determinado en el 2019, solo acrediten el 60% en las tres cuotas de pago al gravamen. La delegada de Sefin reiteró que el artículo dos no es limitativo, ya que “si una pequeña y mediana empresa no generó ingresos al final no tiene que cumplir esta obligación porque no tenía esos ingresos”.
El titular del Cohep, Juan Carlos Sikaffy, precisó a este rotativo que aunque se tomó en cuenta la petición realizada desde la iniciativa privada se presentará una contrapropuesta debido a que el beneficio de la prórroga para el pago de tributos debe ser para todos los negocios, sin excepción.
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“Se conoce la actitud del Servicio de Administración de Rentas (SAR) que es bastante agresiva en el cobro de impuestos, muchas empresas van a decidir por pagar impuestos y no pagar el décimo cuarto mes ni los salarios y eso sí es preocupante porque atenta contra la seguridad alimentaria de la gente. Estamos haciendo una contrapropuesta a la ministra de Finanzas (Rocío Tábora) para que la evalúe y podamos llegar a feliz término antes que finalice este mes”, detalló.
