El temor a encontrar la muerte por no poseer garantías de seguridad obligó ayer a unos 50 conductores del transporte de la ruta Arturo Quezada-Centro a paralizar sus unidades.
Y es que luego del asesinato de Luis Medrano, conductor de este punto y otros dos colegas del rubro que perecieron en circunstancias parecidas, la angustia se apoderó de la zona.
Medrano fue atacado a balazos por un asesino disfrazado de pasajero mientras circulaba en su unidad por el anillo periférico. Falleció frente al volante del rapidito que conducía.
Ayer, los motoristas reunidos fuera de la terminal y en constante alerta denunciaron las amenazas del nuevo grupo delictivo dedicado a la extorsión que se implantó en este lugar.
“Ellos mandaron una nota en la cual exigen 500 mil lempiras de inicio con un adelanto de 300 mil y si no que nos preparemos para la muerte de dos choferes y miren lo que pasó”, expresó uno de los afectados, quien omitió su identidad por seguridad.
Según detalló este es el séptimo grupo que cobra el mal llamado impuesto de guerra en la zona y ellos ya no tienen de dónde sacar más dinero.
Por esta razón han tomado la decisión de dejar de trabajar antes de ser una estadística más entre los 25 conductores que ha muerto en lo que va del año y los 174 que fracasaron en 2014.
“Cuando hay muertes, las terminales se llenan de seguridad, pero a los pocos días la presencia desaparece”, aseguró otro de los conductores.
En la populosa colonia, el ambiente era tenso para los conductores y pasajeros, quienes a pesar de no contar con el servicio apoyaban la causa.
La mayoría de las personas tuvieron que movilizarse en busitos ilegales y en las pocas unidades amarillas que aún operan en la Arturo Quezada.
Aproximadamente 15 mil usuarios tuvieron que sortear la falta de unidades y buscar la manera de llegar a sus centros de trabajo y estudio.
Por la noche, cientos de usuarios se quedaron barados en el punto del centro histórico esperando el transporte que nunca llegó.
Solo nos resta esperar
El rubro del transporte se siente desprotegido ante los flagelos que ocurren diariamente.
Jorge Lanza, dirigente del rubro, lamentó la situación que se vive en las unidades, en donde la vida de una persona no tiene ningún valor.
“Nosotros apoyamos a los conductores y comprendemos que no quieran salir a trabajar, sería ilógico solicitar que cubran la ruta sin el apoyo por parte de Fusina”, explicó
El dirigente indicó que es la necesidad de llevar el sustento a sus hogares la que obliga a las personas a trabajar sin las garantías de seguridad.
Aunque recalcó que el número de conductores que han renunciado a este trabajo cada día va en aumento.
Hasta agosto de 2014, unos 3,200 operadores de transporte se habían retirado del oficio catalogado como el más peligroso de ejercer, por temor a perecer frente al volante.
La alarmante cifra marca la pauta para aclarar que las políticas de seguridad en este tema no están dando los resultados esperados, expresó.
Esto se debe en gran parte a que de 1,700 unidades censadas recientemente solo 70 poseen sistemas de seguridad como cámaras.
“A los transportistas solo nos resta esperar que la situación mejore, porque difícilmente el rubro va a poder soportar tanta criminalidad y luto en la familia de estos trabajadores honrados”, indicó Lanza.
El servicio en la Quezada se suspendió todo el día, pero se espera que hoy labore con normalidad.
Fusina requiere denuncias
La Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (Fusina) se declaró en desventaja frente a la ola de criminalidad que azota el rubro.
Santos Nolasco, portavoz de la institución, expresó que “si no hay denuncias concretas es difícil comenzar una línea de investigación y en ese sentido debe de haber mayor unión con los transportistas”.
No obstante, aseguró que la situación que viven los transportistas es prioridad y trabajan en estrategias.
Nolasco manifestó que no pueden ahondar en qué tipo de estrategias se tomarán pues la idea no es alertar a los delincuentes, aunque sí proyectó una mayor presencia de elementos en los buses y las terminales más vulnerables.
Enfatizó que los resultados dependen en gran manera de lo que aporten los conductores, cobradores y dueños de transporte.
No nos compete
Por su parte, Yovanny Dubón, director de Transporte, explicó que desconoce lo que pasa en estos lugares en tema de extorsión y que eso le compete a las instituciones de seguridad.
El funcionario argumentó que en la DGT se supervisan permisos y legalidad de las unidades, pero no esos temas.
Al ser cuestionado sobre el provecho que sacan los buses ilegales en situaciones como esta, expresó que él posee un personal limitado de supervisión que le impide estar en todos los sectores.
“Solo son 27 inspectores en toda la ciudad, no puedo decir que tengo presencia en todos lados”, admitió Dubón.
Informó que parte de las peticiones del presidente Juan Orlando Hernández es investigar de dónde provienen los fondos para los buses ilegales y quiénes se están lucrando.
El pasado domingo se reporto el asesinato de dos conductores de 'rapiditos' en la capital de Honduras
