TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A casi tres meses del estado de excepción implementado en el país puesto en vigencia mediante el decreto ejecutivo PCM 029-2022, las dudas sobre si la medida ha sido efectiva asaltan a la población al concluir con la judicialización de los más de 1,000 detenidos.
+ Regístrese y disfrute una nueva experiencia como lector
De acuerdo con los datos obtenidos por la Secretaría de Seguridad y compartidos de forma pública, se ha detenido a 1,348 personas. De estas, 1,284 fueron arrestadas por faltas, 36 sindicados por extorsión y 28 más por asociación ilícita.
Carlos Méndez, director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos, detalló: “Ellos presentaron más o menos 1,348 detenciones de la ejecución del primer periodo de vigencia del estado de excepción; cuando nosotros hacemos el análisis de esas detenciones menos del 3% de esas 1,348 son vinculables al estado de excepción”, evidenció.
Sobre esta efectividad y la finalidad para la que se implementó la medida, el especialista fustigó: “Cuántos casos de las personas detenidas fueron judicializados y cuántas de esas judicializaciones terminan en una sentencia condenatoria en la que hay realmente una responsabilidad”, adujo.
Méndez señaló que “cuando revisamos donde fueron realizadas estas detenciones nos damos cuenta de que varias de ellas se realizaron fuera de Tegucigalpa, Comayagüela y San Pedro Sula, que era donde estaba vigente el estado excepción (en el primer periodo)”.
A la fecha no hay una cifra clara en el Ministerio Público (MP) de cuántas personas han sido judicializadas ni de si su proceso legal está en curso o, por el contrario, fueron liberadas.
