Por ignorancia o maldad en nuestros gobernantes surgen leyes, decisiones, acuerdos ejecutivos y cualquier tipo de mandatos que solo sirven para generar demandas e impugnaciones.
Todo porque Honduras es signataria de cientos de convenios y tratados internacionales que prohíben la soberbia discrecionalidad de los gobernantes.
Despidos, violación a la estabilidad, el polígrafo, imponer fianzas para demandar, anular contratos colectivos, impedir el pago de derechos laborales, etc., son solamente acciones que al final generan enormes golpes al presupuesto nacional.
El Presidente de Honduras no podrá evitar las demandas y las indemnizaciones por que los decretos y resoluciones no sirven ni tienen efectos frente a los tratados y convenciones.
Lamentable es concluir que estas actitudes solo terminarán en sendas condenas ante instancias internacionales o el perdón del Estado frente a los particulares por parte de futuras administraciones.
Mientras más lejos sea la conducta administrativa de los funcionarios y empleados del Estado con la justicia, más cercana estará la condena internacional por no saber gobernar con respeto a los derechos de las personas.