Editorial

Una lección no aprendida

Los conflictos políticos y sociales en Honduras se agudizaron más hace diez años, cuando el entonces presidente Manuel Zelaya fue sacado del poder a seis meses de concluir su periodo presidencial.

El gobernante estaba empecinado en montar ilegalmente una cuarta urna, supuestamente, para consultarle al pueblo sobre la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente para elaborar una nueva constitución, que le abriera las posibilidades de perpetuarse en el poder.

Los problemas de entonces, al igual que los de hoy, han tenido su origen en el irrespeto a las leyes de la República y el manifiesto interés de algunos de los que llegan a ocupar la silla presidencial de mantenerse en el poder, so pretexto de que “el pueblo” demanda de su figura para enfrentar los desafíos que le agobian. Nada más falso.

Mucha agua ha corrido por el río Choluteca desde entonces, y la conflictividad se mantiene casi inalterable. La clase política -tanto en la oposición como en el poder- no ha dado los pasos que demanda la sociedad para reordenar el sistema electoral, altamente cuestionado en las elecciones generales de noviembre de 2017.

Mejorar la estructura que rige los procesos electorales, actualmente, está en manos de los políticos, que se resisten a dejar las triquiñuelas y le están dando largas al proceso de reformas, a pesar de que las elecciones están a la vuelta de la esquina y pareciera que quisieran llegar a ellas con las mismas reglas. Un error.

El país no puede darse el lujo de asistir a ese proceso bajo las actuales condiciones; y los políticos y la clase en el poder lo saben, o tendrían que saberlo. Todos -no importando el color de sus banderas, su ideología, sus intereses particulares o partidarios- deben reflexionar sobre el bien o el mal que le hacen al país, uno de los más pobres y desiguales del mundo.

Ya basta de estar jugando con fuego.