A la luz de las estadísticas que siguen colocando a nuestro país como uno de los más violentos e inseguros de la región y el continente americano, y el evidente fracaso del estado de excepción que, como medida prioritaria para la lucha contra la criminalidad y la violencia impulsa la actual administración del Estado, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) ha señalado que el país urge de una política integral de seguridad.
Los homicidios, las masacres, las muertes violentas de mujeres siguen al alza y tampoco se han alcanzado los objetivos de reducción del delito de la extorsión, que sigue siendo una pesada cruz para los transportistas, empresarios, emprendedores.
El Conadeh advierte que en este período lo que sí se ha registrado “es un incremento sustancial de violaciones a los derechos humanos”, entre las que destacan más de 361 quejas contra los cuerpos de seguridad del Estado.
Dijeron que entre esas denuncias resaltan el uso desproporcionado de la fuerza durante los allanamientos sin orden judicial, daños a la propiedad privada, incriminación sin motivos comprobables o con pruebas aparentemente falsas. Además, por el uso desproporcionado de la fuerza en el momento de la aprehensión e incluso existen quejas por violaciones al derecho a la vida, especialmente en situaciones de “enfrentamientos” armados.
El panorama es desolador y no abona a los esfuerzos para poner a Honduras en el camino del desarrollo al que aspiran sus hijos e hijas.
El llamado del Conadeh a revisar las políticas de seguridad es oportuna y no debería caer en un saco roto, pues garantizar los derechos humanos de las personas, la seguridad de sus vidas y bienes debe ser en todo momento la prioridad de las autoridades del Estado.
