La no aprobación del acta que contenía la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF) es un hecho consumado. Fueron 70 diputados que votaron en contra de la aprobación del acta, 55 lo hicieron a favor, 2 se abstuvieron y 1 estuvo ausente.
Los diputados participantes en la sesión actuaron con base en sus atribuciones constitucionales y el presidente del Congreso Nacional está obligado a respetar la decisión y no enviarlo al Poder Ejecutivo para su sanción, y promulgarlo como ley, tal cual lo ha anunciado.
La presidenta Castro también debe respetar la decisión legislativa, en función del respeto a la independencia de poderes que se establece en la misma Constitución y que es esencial para prevenir los abusos, garantizar el respeto a los derechos y libertades y mantener la rendición de cuentas en una democracia.
La votación en contra de la incorporación de Honduras a la CAF solo dejó en evidencia la incapacidad de la presidencia y la junta directiva del Congreso Nacional de negociar acuerdos y buscar consensos alrededor de temas de interés nacional con las bancadas de oposición representadas en el Legislativo.
Y así lo han entendido, incluso, diputados del partido oficialista Libre, quienes consideran que la no aprobación del acta fue el resultado de la incapacidad de lograr los consensos requeridos y quienes proponen ser respetuosos de la votación, porque de eso se trata la democracia.
Eso tiene que enviar un mensaje fuerte a la junta directiva de que tienen que esforzarse en buscar los caminos de diálogo que demanda la sociedad hondureña y que no se alcanzarán con las posiciones radicales de las que han hecho gala hasta ahora en muchas actuaciones en el Poder Legislativo, las que solo contribuyen a profundizar la polarización, la división social y el enfrentamiento entre grupos.
