l menos 17,000 hondureños y hondureñas se encuentran viviendo en las calles de Ciudad Juárez, Tijuana y Mexicali a la espera de que el gobierno de los Estados Unidos responda a sus solicitudes de asilo. La información fue confirmada por el embajador de Honduras en México, Alden Rivera, quien dijo, además, que trabajan en un plan de identificación de estos ciudadanos para ayudarlos (a quienes así lo quieran) a retornar al país.
Si no retornan de manera voluntaria, estos ciudadanos deberán esperar entre 12 y 24 meses a que los Estados Unidos den una respuesta a sus solicitudes, tiempo en el cual los compatriotas no tendrán ingresos ni la forma de enviar recursos a sus familiares, recibiendo únicamente alojamiento y alimentación por parte del gobierno de México, tal cual lo establecen los acuerdos firmados por ese país con su par estadounidense, y que son similares a los firmados por el gobierno de Honduras con la administración Trump para parar aquí a migrantes de Cuba y Nicaragua que también van en busca del mal llamado “sueño americano”.
El programa de retorno del que habló Rivera es apoyado por la Organización Internacional para los Migrantes (OIM), que ha contratado un avión para hacer los traslados.
Esta es la triste realidad de miles de ciudadanos que aspiran llegar a los Estados Unidos en busca de un empleo que les permita atender las necesidades de sus familias, pero que ante la imposibilidad de alcanzar sus sueños no les queda más que regresar a sus hogares quizá con más problemas que los que dejaron antes de partir.
Volverán a una patria que no puede ofrecerles ese empleo y pago digno que tanto añoran, y que sigue enfrentando los mismos problemas de inseguridad ciudadana y violencia.
Para evitar que vuelvan a intentar la travesía, el gobierno debe urgentemente implementar las políticas que lleven a la reducción de las causas que orillan a los ciudadanos a la migración ilegal.
