No se puede desconocer que tras tres años de pandemia, el retorno a la normalidad del sistema educativo nacional no fue nada fácil, y que tampoco lo ha sido para miles de niños y jóvenes que ante el cierre obligatorio de los centros escolares se vieron obligados a retirarse del mismo.
Según cifras oficiales, solo en el Distrito Central, la matrícula escolar en 2023 registra una disminución del 7.29%, lo que representa 18,691 estudiantes menos que los registrados el año pasado.
Las causas por las cuales dejaron la escuela son muchas, pero según las investigaciones de entes especializadas, resaltan los índices de pobreza de sus familias que se vieron agravados por la pandemia; el desempleo de sus padres o encargados, el aumento en los precios de la canasta básica, los altos niveles de violencia y un ingrediente que a muchos puede sorprender, pero que está sobre la mesa: el interés de los jóvenes de migrar en busca de oportunidades laborales para apoyar económicamente a su familia.
Las consecuencias son graves no solo para los jóvenes que al no cerrar sus ciclos educativos ven disminuidas las oportunidades de alcanzar metas que les lleven a mejorar la vida personal y la de sus entornos familiares; empleos mejor remunerados que les permitan soñar con romper las barreras de la pobreza, y a la sociedad que puede enfrentarse a una escasez de mano de obra especializada para impulsar sus polos de desarrollo, entre muchos otros.
En el país, en el transcurso del tiempo, se han planteado planes para recuperar la matrícula escolar y transformar el sistema educativo, pero muy poco se ha hecho, lo que obliga a la sociedad y las autoridades educativas a redoblar los esfuerzos en crear un nuevo sistema de enseñanza, incluyente, que permita a los más pobres avanzar hasta graduarse y al país poner a su principal activo, los niños y jóvenes, en igualdad de condiciones con sus pares de los países centroamericanos y del mundo
