La inseguridad tocó ayer las puertas del Poder Ejecutivo (PE) y el Poder Judicial (PJ), cuando hombres fuertemente armados y vistiendo chalecos antibalas llegaron hasta una cafetería que está a 50 metros de la entrada principal de la casa presidencial; de la base principal de la Guardia de Honor Presidencial, y a unos 150 metros de la entrada a la Corte Suprema de Justicia, para asesinar a balazos a un abogado penalista. El hecho ocurrió en el mismo espacio territorial donde se ubican otras instituciones del Estado que tienen en sus presupuestos un alto porcentaje para temas de seguridad como el Tribunal Superior de Cuentas, sedes ministeriales, el centro cultural Chiminique, y un poco más alejado el Banco Central de Honduras, lo que supone lo vuelve uno de los cuadrantes más vigilados y resguardados de la ciudad. Pero el grupo de sicarios que fue a matar al abogado se encargó de demostrar lo contrario. Los delincuentes llegaron y asesinaron a su víctima con armas de grueso calibre sin que ninguna autoridad pudiera detenerlos. Y todo sucedió a plena luz del día. A las 9:30 de la mañana. Por esto, el ataque al profesional del derecho ha dejado atónitos a sus colegas, familiares, amigos y al ciudadano común, quienes se preguntan ¿cómo es posible que un grupo de hombres armados llegue libremente a una zona que se supone debe estar ampliamente resguardada por las autoridades competentes para matar a alguien de esa manera tan impune? Analistas consideran que el que lleguen a matar a un abogado en el espacio territorial de dos de los tres poderes del Estado es un mensaje potente. Un mensaje para el Estado “de no les tenemos miedo”, que deja en evidencia (una vez más) el alto grado de indefensión en que se encuentra la ciudadanía y con ello el fracaso de las políticas de seguridad de la administración Hernández. Si eso sucede aquí, cuestionan, imagine qué están sintiendo y viviendo nuestros compatriotas de tierra adentro o en esos barrios y colonias que están dominados o en poder de esos grupos. Y tienen mucha razón. Si bien en las listas mundiales Honduras ya no es el país más violento del mundo, es cierto que internamente la delincuencia sigue golpeando fuerte a los más pobres y a los grupos más vulnerables, en este caso el de los abogados, que suma ya 148 muertes entre 2004 y 2018, de las cuales solo un 10% han sido judicializadas.
