El gobierno de la presidenta Xiomara Castro se autodescalifica en el cumplimiento del pacto con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), por no responsabilizarse a brindar las herramientas legales para el blindaje de las estrategias y mecanismos de la CICIH y pueda la comisión cumplir con su eficaz lucha contra la corrupción y la impunidad.
El pueblo hondureño y la comunidad internacional tienen conocimiento que, dentro y fuera del gobierno, existen estructuras corruptas que hacen resistencia al establecimiento de la CICIH. Estos grupos de personas con poder institucional son los principales obstáculos del acuerdo entre el gobierno de Honduras y la ONU.
Irrebatible, es todo un fracaso este esfuerzo institucional para montar la CICIH, e imposible que la presidenta Castro atribuya este grave fiasco a las pasadas administraciones, sino, es absolutamente su responsabilidad y de todo el gobierno, inclusive, el Legislativo y Judicial.
El fracaso de la instalación de la CICIH, la pírrica lucha contra la corrupción y la impunidad, el caos institucional, la fractura del Estado de derecho, la violación de la Constitución, el pisoteo a los principios democráticos, el vertical control administrativo del Estado, la distorsión de principios y estructura de las Fuerzas Armadas, la mentira, el engaño, el nepotismo y la incapacidad administrativa son causas incuestionables de la caída estrepitosa en términos de credibilidad y reputación del gobierno de Castro.
Ahora bien, es preocupante e inaceptable que la oposición política en los poderes Judicial y Legislativo tienen la mayoría de magistrados y diputados respectivamente, quienes deben enderezar lo que está torcido, sanar lo que está enfermo y recuperar lo perdido. ¿Qué pasa realmente? Urge acabar con este desorden institucional creado por el gobierno.
Vivimos en Honduras un régimen autoritario basado en el sometimiento venenoso y absoluto de una sola autoridad, del asesor presidencial, y su antídoto es la legalidad. Y justamente porque la legalidad es el antídoto, la institucionalidad como un todo, el sistema de justicia y el Estado de derecho los mantiene socavados.
La presidenta Castro nos ha conducido a un altísimo desempleo, una insultante, insoportable y creciente pobreza, miseria, ignorancia, enfermedad, muerte, migración y destrucción de la unidad familiar.
A esta triste condición han acorralado al pueblo hondureño, desestimando que todavía existe un valiente, inteligente y reflexivo pueblo, sin miedo y que, con el fuego del amor propio, patrio, de la indignación y de la ira despertada por el sufrimiento provocado, perseverante, se resiste a claudicar, se inyecta valor y esfuerzo para defender los principios cristianos, la vida, la familia, el patrimonio y la patria.
Honduras necesita urgentemente un cambio de gobierno, Honduras necesita de hondureños con sólidos valores éticos, morales y cívicos, pilares fundamentales para establecer una institucionalidad sana y funcional, legal y de confianza. Queda planteado.
