El cuento es muy sencillo: un ciudadano recibió una llamada inesperada por una ONG que había fundado un par de años atrás con algunos amigos y que casi había olvidado entre la tramitomanía oficial y la falta de recursos para que germinara. Sin duda, la desconocida consulta telefónica le tensó los nervios.
En principio, la idea era crear un modesto organismo para ayudar a gente sin recursos; vamos, que intentarían poner losas de cemento en casitas con pisos de tierra, o láminas de cinc que burlaran las goteras, reparar una cerca, cambiar una puerta o reforzar una pared. Ya se sabe, necesidades infatigables de la población.
Además de la indiscutible acción filantrópica, la ONG procuraría a sus gestores un puesto de trabajo, un sueldo disimulado, porque estas organizaciones no pueden lucrarse -en teoría- y tampoco están los tiempos para sentarse a esperar a que caiga algo del cielo.Y cayó la llamada. Era un abogado o algo así, que en nombre de una institución del gobierno anterior ofrecía una solución rápida y un presupuesto tentador. Aquello parecía tan bueno que generaba suspicacia, aprensión.
Pues eso, se trataba de un propuesta indecente, pero la necesidad y las estrecheces a veces superan el recato y los miedos, además, viniendo de un gobierno que se ufanaba de fuerte y que controlaba todo el poder del Estado ¿qué podía salir mal?
Luego de un rápido papeleo y apretones de manos, a la ONG le otorgaron cinco millones de lempiras para su proyecto altruista de remendar pobreza, no sin inquietar al ciudadano, pues el convenio le obligaba a traspasar tres millones a otra organización que ni sabía que existía, y arreglárselas con dos milloncitos.
Decenas de asociaciones, oenegés y fundaciones -ilusas o cómplices- aceptaron estas sórdidas condiciones y ayudaron a sustraer miles de millones de lempiras. Ni siquiera llegaron a liquidar sus gastos, como manda la ley, y sus firmantes ahora mueren de angustia pensando en las consecuencias.
El descomunal saqueo fue tan descarado que ni por los nombres se esforzaron, digamos que llamaron a una como “Asociación Agua y Salud” y a otra “Asociación Salud y Agua”. La avariciosa red se extendía desde la Secretaría de Desarrollo (Sedis) al Ministerio de Salud y el de Educación.
La lista es inmensa, llena varias páginas con los nombres de las organizaciones que saquearon el Estado, algunas de ellas ligadas a notables miembros del Partido Nacional que todavía hoy aparecen públicamente en feroz ataque al gobierno, a lo mejor con la azarosa esperanza de negociar su impunidad.
Organismos anticorrupción, de sociedad civil y pretendidos “analistas” que ahora despotrican y se jactan de valientes, entonces callaron vergonzosos.
Las investigaciones prosiguen y podrían ser intensas cuando se instale la CICIH, la que muchos exigen cínicamente y cruzan los dedos para que no llegue. Como aquellos “honorables” que echaron la MACCIH.
