Al formar parte de la Comisión Política Multipartidaria, me tocó impulsar los cambios en el mecanismo de elección individual de diputados (allá por los años 2002-2003), advertimos también del desfase que ya estaba ocurriendo entre la distribución del número de diputados por departamento y los cambios demográficos que estaba experimentando el país. Pero igual que hoy, no había voluntad política para realizar verdaderas reformas políticas electorales. La gran mayoría de los compromisos de reformas suscritas por todos los partidos políticos no se cumplieron. Las argollas y mafias de los partidos tradicionales, y sus cómplices de los partidos pequeños, se encargaron de distorsionarlas y abrir una fase para comenzar a superar un poco el rezago de nuestra democracia formal. Muy poco rentable resultaron todos los recursos que se destinaron a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para profundizar en la democracia electoral y tutelada de Honduras. Nos referimos a los ambiciosos acuerdos interpartidarios y con organizaciones de la sociedad civil previo a los comicios generales de 2001.
De todos esos acuerdos de reforma, en esencia solo se plasmó la votación individual de candidatos a diputados (que apareció por propuesta nuestra). Desafortunadamente, este avance ha sido distorsionado y manipulado por la politiquería que siempre han padecido los organismos electorales y registrales. Antes de 2005 el elector votaba a ciegas, cual si estuviese frente a un peligroso eclipse solar. Han transcurrido 5 procesos electorales hasta 2021 y en la mayoría de los casos no han resultado electos los candidatos idóneos que vigoricen el trabajo legislativo. No hemos avanzado gran cosa y seguimos teniendo un Poder Legislativo súper caro, parasitario y de pésima calidad.
Ya para los comicios de 2005, se empezó a evidenciar la distribución incorrecta de los 128 escaños decretados en las reformas constitucionales de 1988-1989. Para estas elecciones, el departamento de Cortés debió tener 23 diputados en lugar de 20, puesto que ya había alcanzado una población similar a la de Francisco Morazán. Para esa misma época, también comenzaron a estar subrepresentados los departamentos de Colón, El Paraíso y Olancho, los tres con un diputado menos de lo que correspondía. Como contraparte, habían cinco departamentos sobrerrepresentados (Santa Bárbara, Choluteca. Atlántida, Copán y Valle). El control político en los organismos electorales y legislativos obstaculizó la propuesta de implementar simultáneamente el nuevo procedimiento de votación para diputados con ajuste de la cantidad de curules con base en el cociente electoral debidamente actualizado con datos del censo de población o proyecciones calificadas. Es un absurdo, por ejemplo, que el departamento de Valle con poco más de la mitad de población de Colón, tenga el mismo número de diputados.
En los procesos subsiguientes se agravó la subrepresentación y sobrerrepresentación en el Legislativo, combinándose con las otras deficiencias relacionadas con el mal comportamiento y la calidad de la gran mayoría de las personas que han llegado a ocupar butacas legislativas.
En los períodos 2018-2022 y el actual 2022-2026, además de todo el conjunto de abusos heredados de los regímenes ligados a la narcopolítica, se ha sufrido la parálisis y otras irregularidades en el Legislativo, que aunados al desbalance en la representación por departamento nos dan el resultado que nos aqueja y que urge corregir.
En la actual coyuntura, urgimos de la corrección demográfica en la distribución de los escaños, reducción en su número de 128 a 100 u 80. Además, de un recorte sustancial del presupuesto y nuevo mecanismo de elección con reglas para vigilar financiamiento de campañas electorales
