La reciente manifestación de la CIDH debiera servir para encausar los ímpetus antidemocráticos, no solo de gente en el poder, sino también de quienes aspiran a él. Aunque se ha quedado corto el organismo supranacional porque ni indefinida ni definida, la reelección es un derecho autónomo. No puede ser un derecho humano lo supeditado -como es la reelección- a la inequidad y a la antijuridicidad. No importa que sea avalada por jueces; ni así logra legitimidad. Y consecuencias legales tiene, solo es de implementarle la persecución penal que les corresponde a sus transgresores. Pero este tipo de excesos no sorprenden, son propios de naciones con deficiente Estado de derecho y, por tanto, baja calidad democrática, en los que, por lo general, apenas existen excepciones que confirman la regla: el poder y el dinero son buscados aduciendo el ánimo de servicio público y ocultar la real ambición y las tendencias a la corrupción que padecen. Sí, hay gente honrada y capacitada que busca el poder para servir, pero son los menos. De lo que se trata es de que lleguen a conducir la nación quienes puedan hacerlo, que sepan cómo, y lo hagan como apostolado, no para hacer de la cosa pública patrimonio propio en detrimento del pueblo. Se entiende de algunos en candidaturas oficialistas, siendo como han demostrado ser, que se aferren al poder y hagan lo que sea para continuar detentándolo. Pero lo que resulta inconcebible y desmoralizante es que candidatos en la oposición, lejos de crear expectativas positivas, confundan. Que al acercarse las elecciones, en un contrasentido, en vez de sumar votos, los retraigan. Si se es serio y se busca gobernar correctamente, hay que ser serio y actuar correctamente siempre.
