La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hizo, como ya es su costumbre una ley y la aplicó al mejor estilo de las cavernas de la impunidad, que sin asco y sin vergüenza confirma los sobreseimientos definitivos otorgados a treinta y tres acusados del caso Pandora, desestimando así cinco acciones constitucionales de amparo interpuestas por entes acusadores y organizaciones anticorrupción.
Este Poder Judicial aceptó, limpió y blindó la maquinaria criminal de uno de los actos de corrupción más brutales en toda la historia de robos en el país. Solo para refrescar la solapada memoria de la tremenda corte, el caso Pandora fue estructurado con el único fin de crear una red tejida a mano por altos exfuncionarios, socios, familiares y personas naturales en los delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos, por una suma, sin contar con las carcajadas de los infames cómplices, superior a doscientos ochenta y dos millones de lempiras.
En las rigurosas investigaciones destaparon la podredumbre que fondos públicos destinados a proyectos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas a favor de madres solteras, para fortalecer políticas agroalimentarias en distintos departamentos del país, fueron desviados para financiar campañas políticas en el año 2013 y gastos personales de los implicados por un monto exacto de L 282,016,175.00; recursos que provenían de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras (SAG) y de la Secretaría de Finanzas (Sefin).
Pero para hacer semejante fraude usaron el disfraz de las «fundaciones», que fundieron los fondos que se les otorgó, supuestamente para desarrollar dichos proyectos, y que finalmente se depositados en cuentas de particulares y de candidatos a diputados, alcaldes y regidores del Partido Nacional (PN), Partido Frente Amplio (Faper) y Partido Liberal (PL). Toda una «democracia participativa» en el botín público.
Gran parte de ese asalto fue para financiar la «tarjeta cachureca», se entregaron recursos a coordinadores de campaña del Partido Nacional para el día de las elecciones del 24 de noviembre de 2013, se compraron dos oficinas en centros comerciales y se pagaron deudas del Partido Liberal por un valor de L 99,030,000.00.
Pese a toda las pruebas y señas que el Ministerio Público (MP) sustentó los hechos, la CSJ ha librado de toda responsabilidad penal a los imputados, y hasta es seguro que habrá que pagarles por el bullyng emocional de las criaturas. Y de paso la tremenda corte ha sentado un precedente de jurisprudencia criminal y es partícipe de fechorías, dejándole las puertas abiertas a otros delincuentes para que roben a manos llenas.
Acá están, conozca sus nombres, que, si no fueron juzgados, pues por lo menos sepa quienes son: Jean Francois Marie de Peyrecave Fiallos, José Celín Discua Elvir, Rodolfo Irías Navas, Elvin Ernesto Santos Ordóñez, Miguel Edgardo Martínez Pineda, Elden Vásquez, Arnaldo Urbina Soto, Carlos Alberto Pineda Fasquelle, Wilson Rolando Pineda Díaz, Ramón Antonio Lara Bueso, Redín Lenín Chávez Galindo, Armando José Rivera Marroquín, Hernán Seaman Elvir, Arnold Gustavo Castro Hernández, Franklin Erick Toruño Colindres, Josué Francisco Velásquez Sánchez, José Luis Flamenco Mejía, Ernesto Galeas Martínez, Eduardo Enrique Lanza Raudales, Lenín Rigoberto Ramos Velásquez, José Adolfo Sierra Morales, Félix Francisco Pacheco Reyes, Elvin Santos Lozano, Denis Enrique Pacheco, Sixto Pineda Hernández, Velkys Rosibel Hernández, Claudia Yamila Noriega Gonzáles, Luis Fernando Urrutia Ramírez, Jorge Alberto Izaguirre Zamora, Jaime Antonio Suárez, Alba Luz Ramírez Hernández y Dalia Esmeralda Palma Sánchez.
Una lista para el olvido del tremendo juez y de la tremenda corte que resolvió un tremendo caso.
