Columnistas

La debilidad institucional

En un verdadero Estado de derecho la ley debe cumplirse y los funcionarios deben actuar apegados a ella en todo momento, el incumplimiento de alguna responsabilidad legal de manera injustificada debe acarrear responsabilidad civil, penal o administrativa. Sin embargo, en Honduras no existe tanta rigurosidad, hoy un tema puede ser malo, pero mañana puede ser bueno y se buscan todos los vacíos legales y se aplican interpretaciones ampliamente manipuladas para favorecerse o favorecer a un tercero.

Esto resulta muy peligroso porque refleja que existe una completa inestabilidad legal dentro del Estado, lo que se traduce en inseguridad jurídica porque no hay certeza que una postura de hoy se mantenga el día de mañana, y es que la rotación de gobiernos y políticos hace que prevalezca su voluntad por encima de la legalidad o las buenas prácticas, este tipo de conductas generan desconfianza y descontento, porque propicia a que la población ponga en descrédito la independencia de un juez o un magistrado, los habitantes de una nación pueden dudar sobre el ejercicio de su alcalde, diputado y/o presidente por creer que sobrepone sus intereses encima de los intereses de las personas que les votaron para que lleguen a esos cargos.

Por eso si observamos a veces a algunos criticar la ostentosidad de los gobernantes, pero cuando el que crítica llega al poder utiliza ese poder para darse los privilegios que en el pasado criticó, otros que critican actos irregulares que atentan contra el Estado de derecho, pero al llegar al poder estas prácticas automáticamente se vuelven correctas. Existe una ambigüedad colectiva porque todo resulta circunstancial y cambiante, los noticieros datan de interpretaciones de juristas, funcionarios y académicos, todo se vuelve netamente político como si el pueblo hondureño comiera política mañana, tarde y noche.

Hay que promover el debate, pero el debate científico que promueva discusiones sanas basadas en ley, respetar nuestro ordenamiento jurídico, apegarnos a la Constitución y, sobre todo, ser coherente con lo que decimos y hacemos, los servidores públicos están para servirnos, no para servirse de nosotros.