Cuando un productor no quiere aceptar responsabilidades legales por cualquier cosa que este produzca, especialmente si el producto tiene el potencial de poner en riesgo la salud e integridad física de una persona, un colectivo o de toda una sociedad, el tufillo a impunidad comienza a inundar el ambiente.
Desde hace varios meses, y de manera confidencial, la “Big Pharma”, o sea las transnacionales farmacéuticas, han estado presionando a gobiernos y comunidades internacionales para que se les desvincule de cualquier responsabilidad legal por los posibles efectos secundarios, incluyendo la muerte, de aquellos a quienes se les administre la vacuna contra el covid-19. Esta acción hedionda de la “Big Pharma”, tratando de “vacunarse” contra los efectos de sus propias vacunas, atropella los derechos de los pacientes y revela las verdaderas intenciones que motivan a estas compañías.
El afán comercial de estos monstruos no tiene límites y esto quedó demostrado en la Pandemia de la Gripe Porcina o H1N1 de 2009-2010 al producir fármacos que demostraron, vía estudios, no tener los efectos prometidos a la población mundial.
Ante esa sucia presión de la “Big Pharma” y el arribo de las primeras dosis de vacunas al territorio nacional, debemos obtener respuestas claras a las siguientes preguntas: ¿Es fiable una vacuna que, en lugar de los cinco o seis años que normalmente toma su desarrollo, ha salido al mercado a los seis meses? ¿Es fiable una vacuna que procede, por ejemplo, de una casa farmacéutica que ha pagado en los últimos años miles de millones de dólares para indemnizar los daños ocasionados por sus propios fármacos? ¿Es fiable una vacuna cuyos fabricantes insisten en contar con total impunidad ante los perjuicios que pueda ocasionar, incluyendo la muerte de aquellos que la reciban? ¿Se puede confiar en una vacuna que se va a aplicar a la población más vulnerable y expuesta como son los adultos mayores, sin haberse probado exhaustivamente? ¿Es confiable aplicarse una vacuna sin que se informe previamente a los adultos mayores y sus familias sobre los riesgos reales y potenciales a los que se exponen una vez que sean vacunados? ¿Es fiable una vacuna gestionada y obtenida por un gobierno que ha demostrado niveles de corrupción e irresponsabilidad sin precedentes en la historia del país?
Y la pregunta más importante: ¿El Estado hondureño se hará responsable en pagar las demandas que resulten por los posibles efectos adversos, incluyendo la muerte, de aquellos que reciban la vacuna? Seguirles el sucio y descarado juego a las farmacéuticas solo demostraría una vez más cuán poco le importamos al gobierno.
La población hondureña exige que los involucrados en el proceso de vacunación se hagan responsables por estos fármacos que por primera vez entrarán al país y de los que sabemos muy poco. El orden de responsabilidades sería: la compañía farmacéutica, el Estado hondureño representado por la Secretaría de Salud y la Arsa y cualquier otro organismo o gremio que gestione, compre e introduzca al país las vacunas.
