Curiosidades
Al individuo juzgado y condenado por millones de hondureños le tocará enfrentarse a un juicio más. Él se enfrentará al implacable juez Castel. El expresidente Hernández es acusado de conspiración para importar sustancia controlada a los Estados Unidos, así como fabricarla y distribuirla con la intención y el conocimiento que dicha sustancia sería exportada ilegalmente a ese país.
Un hombre con poderes absolutos, que no llegó, ni se mantuvo solo. Un político rodeado de un grupo que no aparece en las frías escenas de Nueva York, pero que tejió su ambición desmedida con las blancas líneas, generando enormes ganancias ilícitas que alimentaron el poder y la violencia de una organización criminal. Utilizando ese dinero para comprar armas, sobornar funcionarios, infiltrando a su propio partido político, para financiar campañas electorales, controlar medios de comunicación y ejercer presión e intimidación sobre la oposición.
El poder de Hernández socavó los principios y valores de la democracia. Impidió el ejercicio pleno de los derechos humanos, la participación ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas y la separación de poderes. Sus mandatos generaron un clima de miedo, desconfianza, impunidad y desesperanza que erosionó la legitimidad de las autoridades y las instituciones que estaban a su servicio. Con su ascenso criminal y en la escalada de violencia, sus acciones cobraron miles de vidas, desplazando a comunidades enteras, pudriendo el tejido social y agravando aún más las desigualdades.
Mientras todo aquello crecía, las perspectivas de lo ilícito e ilegal se exacerbaron, los grupos de poder se manifestaban detrás, el tráfico de influencias, el nepotismo, el clientelismo, el soborno, la extorsión, el fraude, el lavado de dinero, la evasión fiscal, el financiamiento ilegal de campañas electorales, la compra de votos, la manipulación de la opinión pública, la cooptación de órganos judiciales y de control, la impunidad, el uso indebido de recursos públicos, la captura del Estado y la infiltración del crimen organizado fueron solo algunas de las muchas aristas que nacieron de la maldad y podredumbre que arrastraban el expresidente y sus secuaces.
Fue así como fuimos perdiendo la legitimidad y credibilidad de las autoridades y las instituciones, llegando a la degradación total de la eficiencia de los servicios públicos, lo que afectó la salud, la educación, la seguridad, la infraestructura, el medio ambiente y el desarrollo económico y social del país. El aumento de la pobreza, la exclusión y la desigualdad generaron frustración, resentimiento y conflictividad social, para favorecer el surgimiento de movimientos populistas, radicales y antidemocráticos.
El grupo de Hernández debilitó el Estado de derecho, lo que implicó la violación sistemática de los derechos humanos, la falta de transparencia y rendición de cuentas, la ausencia de separación e independencia de poderes, y la vulnerabilidad frente a amenazas externas e internas.
El círculo dorado de Hernández fue concentrando cada vez más poder en sus manos, socavando las leyes, la libertad de expresión, los derechos humanos y la participación ciudadana, para perpetuarse en el poder mediante reformas constitucionales que le permitieron reelegirse, creando un sistema electoral fraudulento que le aseguraba el control del congreso y de las demás instituciones.
La ambición de poder puede cegar a los líderes políticos y hacerles olvidar que su función es servir al pueblo y no a sí mismos. La democracia no es solo un sistema de elecciones periódicas, sino también un conjunto de valores, normas e instituciones que deben ser respetados y defendidos por todos los actores políticos y sociales.
Cuando la ambición y la sed de poder se imponen sobre la democracia, el resultado es la destrucción del país, para llevarlo al desbarrancadero de un Estado fallido y cooptado por el crimen, que nos arrastran a juicios como este, para la exhibición mundial de la vergüenza, donde la justicia doméstica de este país no pudo ejercer ni en los más mínimos remedos de la ley.
