Con mucha frecuencia se escucha en los debates públicos a especialistas y comunicadores sociales hablar de Estado de derecho, pero es muy poco probable que cuando se habla de ese concepto, en las condiciones actuales, los que hacen uso de este se estén refiriendo a lo que la doctrina nos dice sobre el mismo.
Su uso frecuente está más referido al derecho a la gran propiedad y, sobre todo, a la inversión de capital extranjero en condiciones más ventajosas a las que tienen los empresarios nacionales.
La mayoría de los especialistas consideran el Estado de derecho, de manera aislada. El Estado de derecho, teóricamente, implica que todos los seres humanos somos iguales ante la ley, pero esto es un sofisma. En la práctica, la sociedad está dividida entre los que viven abrumados con unas leyes ilusorias y los que pueden disfrutar de las garantías que esta proporciona.
Según la Constitución de la República, toda persona tiene derecho al trabajo, a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, otro tanto se dice de los servicios públicos como salud y educación. En el caso del empleo, en Honduras, cerca de 2.5 millones de mujeres y hombres en este momento están siendo afectados por este flagelo. Esto no es preocupación de los que defienden el llamado Estado de derecho, ni siquiera por los que gozan de un empleo estable.
Algo todavía más grave está ocurriendo, sobre todo en los países pobres, donde hay una libre competencia concesionaria; los que ofrecen mejores ventajas competitivas son aquellas naciones con políticas tributarias laxas, abundantes recursos naturales, una infraestructura favorable, especialmente en las comunicaciones y mano de obra calificada y, sobre todo, existencia de un régimen jurídico favorable al otorgamiento de concesiones leoninas.
En ocasión de las reformas constitucionales que llevaron a la creación de las ZEDE, donde se establece que las mismas son entidades autónomas e independientes, con capacidad para gestionar su propio régimen judicial, un sistema policial independiente, órganos de investigación del delito propios, persecución penal y otras acciones como la de crear un sistema educativo al margen de las políticas estatales y leyes laborales independientes de la normativa nacional.
Sorprende que cuando el Congreso Nacional derogó la Ley de las ZEDE, la empresa denominada Próspera, de capital estadounidense, presentó una demanda contra el Estado por 10,775 millones de dólares, aunque la inversión que ha hecho en el país es de unos 150 millones de dólares.
El sentido común dice que, si uno hace una compra de un bien inmueble y si encuentra algún desperfecto, lo que hace es un reclamo orientado a recuperar lo invertido, pero en ningún momento se podría reclamar una cantidad estratosférica que supera con creces la inversión.
Estamos frente a una situación de chantaje económico internacional, que rompe con el sentido de promover una sana inversión, que ha olvidado que el progreso nacional es una condición para la prosperidad y paz de las naciones.
