Apoyo

El Poder Judicial y la Fiscalía General se legitiman si aplican principios fundamentales: el de legalidad, la presunción de inocencia, la garantía del debido proceso. Son insustituibles. No se puede imputar un delito que no esté tipificado en la ley, ni imponer penas que no estén preestablecidas. Toda persona es inocente hasta que se establezca lo contrario en sentencia firme. Las investigaciones y el proceso judicial deben estar apegados a derecho, ser imparcial y asegurar el derecho de defensa. Es lo menos para separarnos de la injusticia y la arbitrariedad. Otros, el principio de mínima intervención del Estado, mediante el que se aplica el derecho penal y la represión en los conflictos, solo como última instancia; y el principio de la proporcionalidad de las penas, en el que el castigo debe ser proporcional a la gravedad del delito, siempre respetando la integridad del condenado. Los titulares de los órganos jurisdiccionales están obligados a la imparcialidad y a la objetividad, considerando todas las pruebas, las que favorezcan como las que perjudiquen al imputado y no pueden obstaculizar el acceso a todos los recursos legales para proteger sus derechos. El principio de irretroactividad, nadie puede ser condenado por un delito que no estuviera tipificado al momento de cometerse. El principio de igualdad, todos somos iguales ante la ley y el de prohibición de autoincriminación, nadie puede ser obligado a declarar en contra de si mismo. Para presentes, ahora. Cuando hacemos reproches al Fiscal General es porque percibimos que contraviene alguno de estos principios. En la persecución al delito que realice con sujeción a los principios anteriores, tendrá el apoyo ciudadano. Si arrasa parejo con todos los actos de corrupción y sus autores y no deja de ser selectivo. Si a cualquier supuesto autor le respeta sus derechos y no se ensaña con quienes no son afines políticamente a quienes fueron sus padrinos en el acceso al cargo, tendrá el apoyo de la ciudadanía.