La estabilidad macroeconómica de una nación en vías de desarrollo también debe medirse con la capacidad de sus instituciones para garantizar el poder adquisitivo real de toda la población. En Honduras, el comportamiento adverso de los precios ha sido históricamente una fuente constante de profunda preocupación y de un tenue debate académico entre la teoría económica ortodoxa y las condiciones fácticas de una estructura de mercado vulnerable, poco competitiva y altamente dependiente del exterior.
Los datos disponibles del Banco Central a septiembre de 2026 revelan, de por sí, una tendencia inflacionaria que desafía a las recetas tradicionales. La inflación mensual registrada en dicho periodo se situó en un 0.48%, mostrando una desaceleración en comparación con el 0.79% del mes anterior, pero con una trayectoria acumulada que ya alcanza el 5.29%.
El indicador más alarmante, sin embargo, se encuentra en la tasa interanual, con un 6.28%, superando visiblemente al 4.55% de los septiembres previos (2024-25). La cifra oficial, aunque cuestionada, no es un hecho aislado y alcanza a reflejar distorsiones estructurales. Es necesario tener claro que la inflación NO es un fenómeno exclusivamente monetario. Para combatirla, entonces, se requiere incorporar cambios en la economía real y en algunos precios estratégicos.
La insistencia tecnocrática en abordar el incremento generalizado de precios únicamente mediante gestión de variables monetarias, como la Tasa de Política Monetaria (TPM), soslaya las características particulares de los países subdesarrollados. Mientras que en economías industrializadas como la de Estados Unidos o la Unión Europea el endurecimiento de políticas restrictivas busca “enfriar” un consumo desmedido, “calibrando” los niveles de crecimiento económico y el nivel de empleo, en Honduras el problema no radica en un exceso de demanda, sino en una insuficiencia crónica de la oferta aunada a otras fuerzas (del mercado y exógenas).
Aplicar aumentos severos a la TPM (300 pb en 2 años), en un contexto como el hondureño (de bajo crecimiento y mucho desempleo), empuja a que la banca mantenga altas tasas o, incluso, las aumente un poco más, ralentizando el crédito y desestimulando todavía más la inversión productiva. La evidencia empírica demuestra que el verdadero combate a la inflación en una economía como la hondureña se podría lograr mediante estímulos a la producción interna, particularmente de productos agropecuarios básicos y alimentos esenciales, reduciendo la escasez estructural que presiona los precios al alza.
El comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a septiembre de 2026 corrobora que las presiones inflacionarias provienen principalmente de sectores específicos. De acuerdo con los datos oficiales, los rubros que mayor impacto tuvieron en el índice interanual a septiembre (6.28) fueron el transporte, con una contribución de 2.67 puntos porcentuales, y los alimentos y bebidas no alcohólicas, que aportaron 1.57. Profundizando en la clasificación por objeto de gasto, la categoría de energía lideró las presiones con un aporte de 2.40 puntos porcentuales, impulsada por los altos precios de los combustibles y las revisiones al alza en las tarifas de la electricidad.
Este entramado de aumentos evidencia un manejo con poca coherencia y sin empatía del precio de los combustibles que genera un efecto multiplicador que sigue disparando el nivel de precios en general, principalmente de los alimentos, el transporte, agregándose el precio de la energía eléctrica como servicio de baja calidad, con altas tarifas y mayor dependencia de derivados del petróleo. El tema aún sigue
