La experiencia política chilena de alternabilidad en el poder vía elecciones fue quebrantado por las Fuerzas Armadas con el sangriento golpe de Estado que derrocó al gobernante Allende en 1973 e instauró la sangrienta dictadura encabezada por Pinochet, respaldada por Estados Unidos, cuyas agencias de inteligencia, multinacionales, ideólogos y por sectores ultraderechistas internos, duró hasta 1990, merced al aparato represivo que, a sangre y fuego, persiguió, torturó y asesinó dentro y fuera del país a opositores, en coordinación con regímenes castrenses sudamericanos.
El retorno a la constitucionalidad y civilidad heredó una camisa de fuerza que permanece intacta hasta el presente: legislación que dificulta en extremo la introducción de cambios jurídicos, sociales, políticos que superen al vigente sistema excluyente, discriminatorio, clasista y neoliberal.
Su paradigma desarrollista ha sido exaltado y presentado como ejemplo a ser aplicado por otras naciones tercermundistas: crecimiento y diversificación de las exportaciones, priorizando al mercado y no al Estado como dínamo de bienestar y prosperidad.
Hoy ese modelo se encuentra en crisis terminal gracias a las multitudinarias protestas poblacionales, desde estudiantes hasta jubilados, tanto en Santiago como en otras ciudades. La respuesta oficial ha sido represiva y, al no ceder la resistencia ciudadana, combinada con concesiones parciales a las demandas populares.
Para la politóloga Rossana Castiglioni, cuatro factores explicativos al estallido colectivo, largamente incubándose, son: “la expansión de sectores de ingresos medios precarizados; brecha creciente entre expectativas y logros; marcado proceso de politización de las desigualdades; una arquitectura constitucional rígida e incapaz de procesar institucionalmente las demandas ciudadanas” (“¿El ocaso del ‘modelo chileno?”, Nueva Sociedad, no. 284, p. 8).
A finales del pasado año se promulgó la ley que convocará a un plebiscito el 26 de abril para decidir si se cambia la Constitución heredada de la dictadura... tras un histórico acuerdo político en respuesta a la crisis social... se consultará a los chilenos sobre dos preguntas: si quiere o no una nueva Constitución y qué tipo de órgano debería redactarla, si una “comisión mixta constitucional”, o una “convención constitucional”, similar a una asamblea constituyente donde todos los integrantes sean electos por la ciudadanía (“Chile aprueba el plebiscito para cambiar la Constitución en abril”. EL HERALDO, 24 de diciembre de 2019, p. 32).
¿Se acerca el principio del fin del capitalismo salvaje, de manera consensuada y pacífica? Que otros países del mundo sigan de cerca la evolución sistémica chilena y pongan las barbas en remojo.
