El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fustigó este miércoles a las operadoras privadas de telefonía móvil para garantizar el bloqueo de la señal en las zonas donde se ubican los centros penales.
Durante una visita a San Pedro Sula, al norte de Honduras, Hernández aseguró que las compañías reciben 'dinero manchado de sangre' cuando se efectúan llamadas desde las cárceles del país.
'El dinero que reciben Tigo y Claro de los centros penales es dinero manchado de sangre', dijo el presidente
Ante el bloqueo, pobladores del sector de Támara, donde se ubica la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, protestaron el fin de semana, exigiendo que se permita la entrada y salida de llamadas en la zona en respeto a sus derechos como ciudadanos.
Sin embargo, el mandatario reiteró que no hay marcha atrás
en la decisión de bloquear la señal de la telefonía celular en los centros penales, al tiempo que advirtió que las compañías que prestan este servicio deben cumplir con la ley.
Por su parte, las operadoras aclararon más temprano que buscan el menor impacto para las usuarios, en el bloqueo de señal en los centros penales de Honduras.
Y es que las empresas proveedoras de servicios de comunicación móvil tienen plazo hasta el viernes 14 de febrero,
para implementar la Ley de Limitación de Servicios de Telefonía Móvil Celular y Comunicaciones Personales (PCS) en los Centros Penales.
Esta regulación prohíbe a los operadores brindar o prestar servicios en los espacios físicos donde están ubicados los centros o granjas penales de Honduras.
Al respecto, las empresas Tigo y Claro emitieron un comunicado a través del cual manifiestan su intención de apoyar las acciones gubernamentales encaminadas a garantizar la seguridad de la población, al tiempo que aceptaron que el proceso afectaría al algunos usuarios de los servicios.
'Teniendo como objetivo procurar el menor impacto en los usuarios de las telefonías móviles, las empresas operadoras de telecomunicaciones privadas del país, Tigo y Claro, trabajan en el proceso de interrupción del servicio de telefonía móvil en centros penales, lo que colateralmente afecta a los usuarios que vivien, trabajan o transitan en los alrededores de estos centros a nivel nacional', señala el escrito.
Además, recalca que 'el no cumplimiento de esta ley, conlleva grandes penalidades para las empresas involucradas, llegando hasta la cancelación del contrato de concesión'.
'Como empresas responsables, acatamos las disposiciones legales aprobadas por el gobierno para no obstruir las acciones que se están gestando para la seguridad de la ciudadanía', añade.
De acuerdo a Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), si las operadoras no acatan la disposición, serán sancionadas con una multa de 20 millones de lempiras y en caso de ser reincidentes, serían sancionadas con la suspensión de la concesión.
El bloqueo se implementará
en las ciudades de Puerto Cortés, El Progreso, Yoro, Santa Rosa de Copán, Ocotepeque, Gracias, Santa Bárbara, El Porvenir, Tela, Olanchito, Trujillo, Puerto Lempira, Juticalpa, Danlí, Comayagua, La Paz, La Esperanza, Intibucá, Marcala, Choluteca y Nacaome.
Además, en San Pedro Sula, La Ceiba y el valle de Amarateca, donde el bloqueo del servicio será parcial y en las zonas aledañas a los centros penales.
