El sistema de justicia exigirá una rendición de cuentas a las autoridades de Seguridad por las deplorables condiciones en que se encuentran los centros penales de Honduras.
El hacinamiento, una carente infraestructura, falta de alimentación y la deuda en rehabilitación de privados de libertad son, entre otras vulneraciones a los derechos humanos, el reflejo de la crisis en el sistema penitenciario.
Para erradicar la problemática, la Fiscalía de Derechos Humanos promovió desde este año dos recursos de hábeas corpus correctivos a favor de privados de libertad.
Ambos se interpusieron ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el primero por la situación de abandono en todos los centros penales del país y el otro por hechos específicos generados en el centro penal de Comayagua, donde fallecieron 361 reos en un incendio; y la de San Pedro Sula, donde 65 custodios tienen a su cargo unos 2,400 internos, lo que genera revueltas. Casi en la misma proporcionalidad se presenta en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto.
Es necesario resolver el hacinamiento, dar servicio de atención médico-odontológico, psicológico, trabajo social, un sistema de identificación confiable, fortalecer la presencia de custodios y la capacitación de internos en oficios productivos. Asimismo, mejorar la atención alimenticia.
Al respecto, el Ministerio Público (MP) formalizará una solicitud a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que se verifique el nivel de cumplimiento de las medidas recomendadas por el juez ejecutor a las autoridades de la Secretaría de Seguridad.
“Ya se habla a nivel superior (del Ministerio Público) de la necesidad de que próximamente estemos planteando ante la Corte la necesidad de revisar qué es lo actuado por la autoridad estatal a cargo de los establecimientos penales”, manifestó el fiscal especial de Derechos Humanos,
German Enamorado. “Había disposiciones que debieron ser adoptadas de manera inmediata y que no estaban condicionadas a grandes partidas presupuestarias, queremos establecer realmente qué es lo que ha radicado, en el ámbito de sus funciones, el actual ministro de Seguridad (Pompeyo Bonilla)”, agregó.
Se revisará si realmente existe un esquema de atención integral al privado de libertad que garantice un debido proceso en los terminos que la ley fija.
“Habrá una rendición de cuentas para las autoridades de la Secretaría de Seguridad, hay una serie de medidas muy concretas, algunas de ellas de inmediata adopción que requerían un nivel de decisión por parte de la Secretaría del ramo”, dijo.
Hasta existieron ofertas de la cooperación internacional para atender este aspecto, pero estas acuden ante planteamientos concretos y viables para poder materializarlos y supervisarlos.
Otra medida tiene que ver con mejorar la infraestructura de los centros penales. “Actualmente lo que tenemos son cajones de depósito para personas, no tenemos una infraestructura verdadera, adecuada, con espacios para la privación de libertad, para el equipo interdisciplinario que atiende las necesidades de los internos y para el personal que brinda la seguridad de los establecimientos”, manifestó.
Los planes
En la evaluación se pedirá a Bonilla que presente el flujograma de actividades tendientes a cumplir las medidas antes apuntadas, entre ellas la planificación de edificación de infraestructura de centros penales, en diferentes regiones del país, con capacidades físicas adecuadas, de acuerdo al índice de crecimiento de la población penitenciaria.
Serán los jueces ejecutores quienes verificarán el nivel de cumplimiento de las medidas, que son de obligatorio cumplimiento. La inobservancia del cumplimiento de las mismas implicará que se investigue si existió alguna imposibilidad por carencia de recursos a nivel estatal o alguna omisión o negligencia de tramitar lo debido, dijo.
Un extremo sería la deducción de responsabilidades penales por negligencia en solucionar la problemática, sin embargo, la Fiscalía valora más que se adopten medidas correctivas en el sistema penitenciario, que generen beneficio para un segmento social.
“Lo que está aconteciendo es una situación que ha sido generada por una negligencia estatal que lleva prácticamente un siglo. La verificación es obligada ya en este momento”, expresó.
Producto del incumplimiento de medidas, advirtió que el Estado se expone a condenas internacionales que implicarían el pago de demandas por valores superiores a lo que implicaría invertir en mejoría de las cárceles.
A su parecer, esta problemática es una cuestión de seguridad interior en la que el Estado no ha establecido una prioridad material.
A su criterio no solo basta diluir el interés del Estado de restricción de libertad a un delincuente, sino invertir en su rehabilitación y eventual reinserción a la sociedad.
“A raíz de esa desidia y actuar negligente es como se ven eventos como el siniestro en la granja penal de Comayagua y las tomas recurrentes de que fue objeto el centro penal de San Pedro Sula, con un margen de varias personas fallecidas”, indicó.
Crisis financiera
El titular de la Dirección Nacional de Servicios Especiales Preventivos (DNSEP), Óscar Ismael Colindres, confirmó que los centros penales colapsaron. “Tenemos centros penitenciarios donde ya no cabe la gente, como en La Paz, Comayagua, tenemos problemas, hace falta invertir”, dijo.
Dijo que se planifica construir en la Penitenciaría Nacional de Támara un módulo para la tercera edad. Asimismo, fue enfático en el llamado a los administradores de los recintos a invertir los 13 lempiras de cuota diaria destinados para comida de cada interno. Se está gestionando que se suba a 20 lempiras diarios. Paradójicamente, en el caso de los reos peligrosos recluidos en la cárcel de máxima seguridad, tienen más presupuesto para una mejor ración de comida.
A pesar de que se decretó una emergencia en el sistema penitenciario, no hay dinero. “Estamos en un estado financiero crítico”, lamentó. Comparó que en su oficina hay volúmenes de papeles sobre la referida emergencia, que no se traduce en fondos para construir centros penales que ya colapsaron. No específico cuánto sería la inversión que se requería para nuevas instalaciones.
“La situación de los centros penales es paupérrima, tenemos exageradas necesidades”, dijo. Para el caso refirió que la mayoría de los centros penales no cuentan con vehículos para movilizar detenidos a los tribunales, por lo que pidió la asignación de una flota vehicular. Dijo que en los diferentes departamentos del país se están conformando comités de apoyo para resolver la problemática, aunque sin inversión las cosas difícilmente cambiarán.
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