El Ministerio Público (MP) cuenta con un informe sustentado para acusar a doce altos oficiales de la Policía supuestamente involucrados en el robo de armas en el Comando de Operaciones Especiales (Cobras).
El caso obedece a una denuncia publicada por EL HERALDO el 31 de octubre de 2011, sobre la desaparición de 300 Fusiles Automáticos
Ligeros (FAL) y 300,000 proyectiles calibre 5.56 milímetros (mm), que se encontraban almacenados en las bodegas de esta unidad policial, ubicada a inmediaciones de la colonia 21 de Octubre.
El desaparecimiento del arsenal aconteció el año anterior, cuando EL HERALDO publicó su investigación.
A pesar del hecho delictivo, ninguna autoridad había sido suspendida y ni siquiera investigada, tratando de mantener el hecho oculto.
Fue a raíz de la denuncia de EL HERALDO cuando se inició una investigación en el MP y la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP).
Producto de los hallazgos de la misma, la Secretaría de Seguridad dispuso suspender del cargo a doce oficiales con rango de comisionados, subcomisionados, comisarios y subcomisarios, ninguno de escala básica.
Aunque los nombres de los oficiales se conocen, ninguna autoridad se atreve a mencionarlos, lo que supone un privilegio considerando que en otros casos particulares, la misma autoridad asume su responsabilidad al revelar nombres.
El pasado 1 de agosto la DIECP formalizó ante el MP diez casos de irregularidades en que incurrieron oficiales de Policía, uno de ellos por el extravío de los 300 FAL y 300,000 proyectiles.
Fueron entregados al MP para que el órgano acusador radique las acciones correspondientes en los tribunales de la República, dijo en ese entonces el secretario general de la DIECP, Julián Oyuela.
La investigación fue realizada por el departamento de Inteligencia y Operaciones de la DIECP y en la misma se recabaron evidencias suficientes para imputar diversos delitos a oficiales.
Mientras el caso no sea judicializado, no se hacen públicos los nombres de los policías a quienes la DIECP le atribuye responsabilidad penal, dijo Oyuela, aunque no explicó por qué en casos de particulares sí se dan nombres.
Mientras, la Secretaría de Seguridad dispuso suspender a los doce oficiales para hacer transparente la investigación.
“Hay un extravío de armas en algún momento de su gestión, para que se pueda hacer un trabajo de investigación profundo y que no se considere que estas personas pueden entorpecer con su presencia como autoridad el trabajo de los investigadores, la acción saludable es suspensión y esperar las acciones que se puedan venir”, dijo el portavoz Héctor Iván Mejía.
“Si hay eximente de responsabilidad, se reincorporan a su trabajo; pero si se les detecta alguna responsabilidad de tipo penal, van a ser enjuiciados”, agregó.
