Tegucigalpa, Honduras.- Desde este 1 de octubre entró en vigencia la prohibición de inauguración de obras públicas para funcionarios públicos en el país, medida que se aplica 60 días, según lo determinó el Consejo Nacional Electoral (CNE) en cumplimiento de la Ley Electoral, con el fin de garantizar la equidad en la contienda.
Esta disposición aplica de manera exclusiva a las ceremonias o actos formales en los que autoridades gubernamentales (ya sea del gobierno central o de los gobiernos locales) den a conocer a la población la finalización de obras financiadas con fondos públicos.
La restricción no impide que las obras sigan ejecutándose o finalizándose, pero prohíbe específicamente los actos de inauguración y su difusión mediática.
COMUNICADO No. 035-2024
— CNE_HONDURAS (@CneHonduras) October 2, 2025
CNE informa que a partir del uno (1) de octubre es PROHIBIDA la inauguración de obras públicas. pic.twitter.com/LUo6uR22pF
De acuerdo a lo establecido en el artículo 233 de la nueva Ley Electoral, durante este periodo no se puede:
1. Asistir a reuniones de carácter político durante los días y horas hábiles.
2. Realizar actos de proselitismo político al interior de la institución estatal donde labora.
3. Utilizar la autoridad, medios e influencias de sus cargos para favorecer a personas y partidos políticos, sus movimientos internos, sus alianzas, candidatos, candidaturas independientes
4. Utilizar los actos de gobierno para hacer propaganda partidista de cualquier tipo.
5. Utilizar recursos financieros o bienes del Estado para hacer propaganda electoral.
Los funcionarios que contravengan la disposición se exponen a sanciones económicas de hasta dos salarios mínimos mensuales, que podrían duplicarse en caso de reincidencia, además de la destitución de su cargo.
¿Qué comprende una obra pública?
La Ley de Contratación del Estado detalla que se consideran obras públicas la construcción y mantenimiento de carreteras, puertos, aeropuertos, presas, acueductos, obras de control de inundaciones, instalaciones varias, dragados, perforaciones y proyectos de demolición o reparación, entre otros.
Para asegurarse de cumplir esta medida, el CNE aseguró que dará seguimiento y monitoreo al estricto cumplimiento de esta disposición.
Además, reiteró a los funcionarios públicos su obligación de acatar la normativa vigente para no enfrentar sanciones legales.
